El uso de la fuerza contra el delito es sólo potestad del Estado

Hace ya varias semanas en las que la inseguridad parece haber recrudecido en nuestra zona, a través de una sucesión de robos, asaltos violentos y otros delitos de similar repercusión social, en una situación que viene generando reclamos vecinales en distintos sectores como- por dar sólo los ejemplos más recientes-, en el barrio Norte, en La Loma y en una amplia franja delimitada por las avenidas 25 hasta la 31, desde la 53 hasta la 60, tal como se reflejó en distintas notas publicadas en este diario.

A inicios de esta semana el problema alcanzó tal magnitud que un grupo de vecinos decidió montar en la esquina de 56 y 158 un pasacalle con el que buscan disuadir a los delincuentes, prometiéndoles que están dispuestos a defenderse como sea. La leyenda que contiene el cartel no pudo ser más explícita. Allí se le informa a los eventuales delincuentes: “En esta zona no llamamos a la policía, si te enganchamos te cabe el plomo”.

Según se explicó, la iniciativa local se inspiró en la que impulsaron vecinos de un barrio que también se llama Los Hornos, pero está en la capital de Santa Fe. El pasacalle que colgaron en la intersección de las calles Regis Martínez y Pasaje Rodríguez tiene la misma frase que ahora se lee en La Plata y hasta los mismos dibujos: un revólver, una lápida y un ataúd.

Ya se advirtió el año pasado en esta columna que distintos relevamientos realizados en nuestro país en los últimos tiempos dieron cuenta de que son cada vez más las personas que se resisten al accionar de los delincuentes, pero que además deciden atacar a los ladrones buscando así hacer justicia por mano propia, llegándose a veces, cuando el intento de robo ya había sido conjurado, al extremo de matarlos o de herirlos gravemente. En ocasiones, ni siquiera se trata de las víctimas directas del delito, sino de vecinos que deciden impulsar ese tipo de represalias.

Si bien los vecinos platenses dijeron ahora no querer hacer justicia por mano propia, está claro que –más allá del cansancio, el temor y el desaliento que sienten por la ausencia de una fuerza policial capaz de frenar la ola delictiva, así como por la comprensible intención de defenderse contra el delito- la medida adoptada puede derivar en situaciones no deseadas, que agravarían más las cosas.

Se ha dicho siempre en esta columna que la seguridad es un servicio que el Estado debe brindar en forma indelegable y dentro de los marcos legales. Así también, que la Policía debe ser una fuerza profesional capacitada y operativa para prevenir y proceder frente a la actividad delictiva. Lo que corresponde, entonces, es que se busque perfeccionar su desempeño, de modo que la población se sienta debidamente protegida. Esto no impide advertir, una vez más, que la inseguridad no es un problema exclusivo de la Policía, sino que le concierne al conjunto de los poderes públicos.

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Debería estar perfectamente en claro que no existe justificación alguna que autorice el uso de la fuerza a civiles que no cuentan con esa facultad y que, lo que debe evitarse a todo trance es que quienes no ejercen funciones públicas decidan apelar a la fórmula de la justicia por mano propia. La sociedad ha demostrado con creces en estos años su voluntad de participar y comprometerse en el tema de la seguridad.

Sin embargo, suponer que, a partir de allí, cualquier habitante se encuentra autorizado para golpear, herir o matar a los presuntos delincuentes, constituye una ilicitud penada por la ley. Ha sido muy sostenido en estas décadas el esfuerzo realizado para encarrilar al país en los marcos normativos, que deben ser respetados sin excepciones por todos los habitantes.