La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó modificaciones en las leyes para evitar la persecución de los consumidores de cannabis y alertó sobre la gran cantidad de procesos judiciales iniciados contra quienes son detenidos con pequeñas dosis para uso personal en la provincia de Buenos Aires.

Un informe realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Walter Martello, reveló que se incrementaron en dos años las requisas y aprehensiones arbitrarias en la vía pública y posteriores traslados a dependencias policiales por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Según el trabajo, casi la totalidad de los procedimientos se realizaron en la vía pública y fueron víctimas jóvenes que, por su apariencia física, aspecto o vestimenta, habrían sido sometidos a interceptaciones, cacheos y requisas personales, cuyo resultado fue el secuestro de ínfimas cantidades de sustancias, principalmente marihuana.

La Defensoría informó que según las últimas estadísticas del Ministerio Público bonaerense, en el 2018 casi el 29% del total de causas por violación de la Ley de Estupefacientes se iniciaron por tenencia para consumo personal.

Hubo 6.634 causas más en toda la Provincia respecto a 2017, y en total se llevaron adelante 18.327 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), para lo cual se destinaron recursos humanos y económicos del Poder Judicial y de las fuerzas policiales.

“La necesidad del poder político de mostrar mejores estadísticas y los resultados de los procedimientos policiales, terminaron por vulnerar los derechos de cientos de personas”, sostuvo Martello.

En ese sentido, la Defensoría planteó una serie de propuestas para revertir esta realidad, entre ellas modificar la Ley de Estupefacientes, una norma de 1989, para evitar la persecución judicial de usuarios y cultivadores, incluyendo en el debate los puntos de vista de los consumidores.

También, el organismo reclamó revisar la Ley de Desfederalización Parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, una medida adoptada en 2005 para que las provincias tengan competencia en materia de estupefacientes para los delitos menores, principalmente comercialización, tenencia y consumo.

“Es necesario avanzar hacia una actualización de las normas para que los consumidores dejen de ser criminalizados y que tengan el derecho de poder realizar una actividad que forma parte de su cultura y de su estilo de vida, con reglas claras y sin perjudicar a otras personas, incluso como forma de contrarrestar los mercados ilícitos y sus consecuencias”, concluyó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.