El desalojo, las bombas de humo de Berni y las necesidades políticas del oficialismo

Sergio Berni apeló a una vieja táctica militar tendiente a desorientar al “enemigo”. Amagó por un lado y apareció por el otro. Tanteó el teatro de operaciones y cayó en la cuenta de que, más allá de la intimación legal que apremiaba al gobierno bonaerense, se imponía sin más demora concretar el desalojo en los terrenos tomados de Guernica.

En una cuidada puesta en escena, dijo en público que necesitaba tiempo hasta el lunes para concretar la desocupación. Mientras, en privado, ultimaba los detalles de un operativo que congregó a casi 4 mil efectivos de la Bonaerense.

Ese pedido de prórroga era, en rigor, la zanahoria con la que procuró que el núcleo de resistencia de cerca de 300 militantes que permanecía en el predio no se nutriera con mayores refuerzos. A plantear la hipotética extensión del plazo pareció otorgar a esos militantes de izquierda una bocanada de oxígeno que no era tal.

Si bien esa logística y el efecto engaño fueron elaborados por el ministro de Seguridad, Berni no fue el único funcionario que intervino en la decisión final del desalojo. La Justicia avaló estos movimientos y el nexo entre aquella estrategia urdida por Berni con el juez de la causa y los fiscales, fue el ministro de Justicia, Julio Alak.

Esa decisión venía siendo masticada desde hace días cuando los negociadores del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que lidera Andrés “Cuervo” Larroque se habían topado con un límite poco menos que infranqueable. Habían conseguido que 734 familias de las casi 1.400 que ocuparon los terrenos hacía casi 100 días, aceptaran las propuesta de reubicación en distintos distritos. Pero hubo un núcleo irreductible que rechazó todas y cada una de las propuestas. Larroque llegó a la conclusión, apremiado demás por los plazos de la Justicia que había dado tiempo hasta hoy para desalojar, que ya lo quedaba muy poco que hacer.

En ese escenario de cartas echadas, el gobernador Axel Kicillof apretó el botón rojo, una decisión que vino hablando en los últimos días con su jefa política, Cristina Kirchner, y con el presidente Alberto Fernández.

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Cerca del mandatario bonaerense se respiraba ayer una atmósfera que mezclaba satisfacción y pesar. “No hubiéramos querido que esto terminara así, con el desalojo”, decían. Esa definición revela, en parte, la ambigüedad de arranque que sobrevoló la Gobernación cuando salió a la luz la toma de Guernica. Costó encontrar, al principio, una condena fuerte a las usurpaciones, hasta que la presión social y las necesidades políticas tornaron más contundente el discurso oficial.

SENSACIONES

La sensación de alivio pasaba porque el final de la historia mostró un accionar policial que, más allá de las lógicas refriegas que se producen en estos casos y el recuento esperable de heridos y detenidos, no terminó con el lamentable saldo de víctimas fatales.

Kicillof apretó el botón rojo, una decisión que venía hablando con Cristina y Alberto F.

“Había que actuar, no podíamos incurrir en desacato”, se escudaban ayer en la Gobernación, como para marcar que como auxiliar de la Justicia, la policía debió intervenir en función de la resolución del juez de Garantías, Martín Rizzo.

Habría que anotar otras cuestiones que quizás ayuden a explicar la decisión oficial más allá de la esfera de la Justicia. En la Provincia habían comenzado a evaluar que extender en el tiempo la situación de indefinición sobre el predio de Guernica podría significar una suerte de piedra libre para que grupos y llamadas organizaciones sociales extendieran las tomas y los intentos de copar terrenos y propiedades que se registran por decenas casi todos los días en diversos distritos.

El desalojo de Guernica, entonces, pareció transformarse en un mensaje de que aquella postura un tanto flexible y si se quiere comprensiva frente a un hecho delictivo, mutó hacia una posición más dura.

MENSAJES

Esa señal si se quiere es mucho más abarcativa. Y quizás tenga puntos de contacto con las necesidades del gobierno nacional de expresar mensajes un poco más amigables hacia el mercado en momentos en que requiere en forma imperiosa calmar a los actores económicos y estabilizar el valor del dólar, abrazado a la premisa de evitar a cualquier costo una devaluación que condene a más argentinos a caer en la pobreza.

La señal de que hay un Gobierno que condena las usurpaciones y que por ende respeta las leyes, es leída como una buena noticia en medio de los esfuerzos de estabilización que ensaya el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Hace algunas horas, la que se encargó de sostener esa postura fue la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Ayer, el desalojo de los terrenos en Guernica, transformados acaso en emblema de las usurpaciones que se suceden en distintas partes del país, parece ir en esa misma dirección.

La decisión puede leerse también como una respuesta a la oposición que venía machacando sobre la “inacción” del oficialismo bonaerense frente a las ocupaciones de tierras. Críticas que, por otra parte, encontraban eco favorable en diversos sectores sociales.