Las usurpaciones de tierra pueden verse alentadas por omisiones del Estado

El proceso de las usurpaciones de tierras en nuestro país iniciado hace años parece haberse agravado en la actualidad, como derivación de las dilaciones y de las marchas y contramarchas que vienen realizando distintos estamentos del Estado, para poder resolver con eficacia conflictos que tienen que ver con la justa necesidad de vivienda de muchas personas y, a su vez, con el respeto irrestricto que se le debe al derecho de propiedad y a otras garantías incluidas en la Constitución nacional.

Como prueba de las erráticas decisiones que vienen adoptándose y de las diversas complejidades que supone una toma de tierras pueden mencionarse los casos pendientes de resolución, que se registran en los amplios predios ocupados en Los Hornos y en Guernica. Allí, como se sabe, algunas acciones impulsadas no sólo no alcanzaron a solucionar situaciones, sino que pueden, incluso, servir como alentó para nuevas ocupaciones ilegítimas.

En el caso de Los Hornos los vecinos acaban de denunciar que los agentes de Gendarmería que controlaban la zona en litigio -se habla de una de las tomas más grandes de la provincia de Buenos Aires- abandonaron sus puestos, de modo que se habilitó una suerte de “piedra libre” para que continúen las tomas de parcelas.

Como se sabe, la ocupación arrancó en febrero pasado, aún cuando se mantuvo desde entonces una guardia de gendarmes para vigilar el predio y evitar desbordes mientras se sustancia la causa judicial.

Sin embargo, el sábado pasado Gendarmería se retiró y, según afirman los vecinos, se intensificó la presencia de personas que transportan materiales para levantar casillas y apurar el asentamiento. Asimismo, se intensificó en las últimas horas la venta ilegítima de parcelas.

En cuanto al predio de Guernica, con desalojos ordenados por la Justicia y luego suspendidos a pedido de autoridades provinciales que, según se dijo, están explorando diversas fórmulas alternativas, tendientes a resolver la situación habitacional de los ocupantes ilegítimos, trascendió que se les había ofrecido la entrega en otros predios de un lote y, al mismo tiempo, de una suerte de subsidio de 50 mil pesos, para dar los primeros pasos hacia la construcción en la nueva tierra de una vivienda.

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El ofrecimiento de un lote en alguna tierra fiscal de la que el Estado pueda desprenderse parece una medida razonable, pero parece inapropiado que además se les ofrezca dinero, ya que ello podría servir como una suerte de “fomento” para la concreción de nuevas ocupaciones, de modo que los “organizadores” de estas tomas -se sabe de la existencia en muchos casos de grupos mafiosos que se dedican a ocupar parcelas y luego “venderlas” a precios bajos- podrían rápidamente aprovechar de estos estímulos para intensificar sus turbios negocios con la venta de tierras ajenas.

Se ha dicho en forma reiterada que el Estado se encuentra en grave deuda en materia de política habitacional, en una situación que se agrava con el paso de los años y el crecimiento de la población. Son planes crediticios razonables, seguidos de la promoción de obras correspondientes, las medidas que hacen falta.

Pero esa injustificable deuda no debiera verse “compensada” con la luz verde que parece habérsele dado a quienes han montado el negocio de la ocupación y venta ilegítima de tierras en nuestro país.

Los daños emergentes de estas decisiones erráticas son enormes. Nada justifica, además, el urbanismo anárquico que perjudica en forma integral a la sociedad y, en primer término, a quienes se instalan a vivir en lugares inapropiados y con viviendas sumamente precarias. En esta materia no son las excepciones, sino las reglas, las que deben conducir el progreso y a la más cumplida satisfacción de los derechos de todos. Las ocupaciones ilegítimas sólo llevan al caos.