En medio de la aceleración inflacionaria y la suba de precios, con el descongelamiento del valor de los combustibles que impacta fuerte en todas las ramas de la economía, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, afirmó que aún no se autorizaron subas en las tarifas de los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil o fija a partir del 1° de enero, como comunicaron algunas empresas a sus clientes.
No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20 por ciento para enero”, aseguró López en declaraciones radiales.
López manifestó que el aviso que realizaron no fue consensuado con el Gobierno. “Las empresas se tiran el lance para los aumentos, pero absolutamente nada está autorizado“, aseguró.
En ese sentido, el funcionario recordó que a partir del Decreto 690, que firmó el Presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso, establece que los servicios de telecomunicaciones son públicos y esenciales, congelando sus tarifas en el marco de la pandemia. Además, remarcó que “ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto“.
El objetivo del Enacom, que ya convocó a las principales empresas de telecomunicaciones esta semana, es que el aumento sea gradual e inferior. Sin embargo, aún no están confirmados los porcentajes de los incrementos.
MÁS intervencionismo
El directivo del Enacom también adelantó que esta semana el ente dará a conocer unos planes que se dispondrán para la prestación de este tipo de servicios, apuntando a los sectores más vulnerables. Se basa en un decreto que impulsa “la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció”.
Para esos sectores, Gustavo López confirmó que “va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar y enseñar, acceder a la cultura, al trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad”.
“Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto es considerado un servicio público sujeto a regulación estatal“, sostuvo López.
Por último, ratificó que más adelante se van a comunicar los planes sociales de los servicios que regirán a partir del 1° de enero. Los planes de este servicio básico universal se presume que estarán dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran la mínima, que apenas llega hoy a los 19.000 pesos.
La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.
Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.
Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua.
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