La Plata, capital de las usurpaciones de terrenos, a las que nadie pone freno

Quince años de batallas judiciales le llevó a María Teresa Díaz recuperar una propiedad que le habían usurpado. En esos años, cuenta, supo de las dilaciones de la justicia y más de una vez se sintió enredada en una madeja de papeles y trámites que parecían no conducir a ningún lado. En el mismo lapso vio a otras personas en su misma situación, desalentadas, abandonar los procesos. Supo de quienes se quedaron sin recursos económicos para sostenerlos. Y vio a otros morir sin haber recuperado su terreno o vivienda usurpada.

Hoy María Teresa está al frente de una ONG; Propietarios Usurpados de Argentina, que tramita su personería jurídica para brindar respuestas a personas en esa situación. Una entidad hija de tiempos en que las usurpaciones se transformaron en una epidemia en todo el país, según observa María Teresa. Y especialmente en algunas ciudades. Una de ellas es La Plata, donde las tomas de terrenos se extienden sin freno convirtiéndose en un negocio millonario para grupos que actúan apoderándose de tierras que después venden por Internet a precios mucho más bajos que los del mercado. Una modalidad que, aunque instalada hace años, creció a un ritmo vertiginoso desde principios de este 2020 y afecta sobre todo a la periferia (ver aparte).

El último capítulo de esta historia que parece no tener fin se escribe, en estos días, en el barrio de Los Hornos, donde el conflicto por la ocupación de un grupo de terrenos -en parte fiscales, en parte privados- en 76 entre 141 y 153, hoy cumple una semana (ver página 15).

Claudia Schvartzman, que es subdirectora del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de La Plata y se especializa en el tema usurpaciones, habla de un cambio en la dinámica de este delito en la Región: hoy, se ha focalizado cada vez más en predios rurales grandes, de 4 o 5 hectáreas.

Las tomas reconocen, dice, dos modalidades predominantes. La espontánea, hecha por gente de asentamientos cercanos y con escaso grado de organización. Y la más novedosa, donde aparecen grupos organizados y dotados de una logística que incluye camionetas todo terreno, que lotean y ponen en venta las parcelas a través de Internet a precios muy por debajo de los del mercado.

Grupos que lucran con la acuciante necesidad de vivienda de muchas personas, sobre todo en los mismos barrios periféricos que son objeto de las usurpaciones: según indica Rodrigo Martín, director del Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) que estudió el grado de integración de los asentamientos platenses, en la mayoría de esos hogares conviven hasta miembros de cuatro generaciones hacinados en viviendas precarias y carentes de servicios esenciales.

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¿y el estado?

La falta de una adecuada respuesta estatal frente a la expansión de este delito es uno de los puntos más críticos del problema.

Los propietarios que buscan nuclearse hablan de una doble victimización: “la primera ocurre cuando a una persona le usurpan su propiedad”, dice: “la segunda, cuando inicia un proceso para tratar de recuperarla en una situación de total desequilibrio”.

Lo que le critican los usurpados al estado en sus diferentes instancias -sea la órbita nacional, provincial o municipal y ya se trate del poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial- es la existencia de una desorganización institucional, una falta de reacción y hasta el haber sido muchas veces, por acción u omisión, el actor que termina respaldando los despojos de tierra, ya sean propiedad de particulares o patrimonio fiscal.

“La denuncia penal jamás conduce a ningún lado. Queda accionar en lo civil, pero eso requiere tener espalda, porque tiene un costo elevado. Mientras tanto el usurpador puede acceder a un patrocinio letrado gratuito. Los tiempos procesales no se cumplen en tiempo y forma. Los procesos se transforman en interminables, caros, desgastantes. El propietario se encuentra en total desventaja”, dice María Teresa Díaz.

Lo que reclaman los propietarios es una serie de medidas “que equilibren un poco la balanza: entre ellas la de poder litigar desde el mismo lugar: vale decir, que mientras el proceso sigue su curso, el ocupante abandone la propiedad usurpada hasta que la justicia se expida. Que el propietario usurpado también pueda acceder a un patrimonio letrado gratuito. Y que exista un organismo de control para este tipo de procesos”, dice Díaz.

Es que en las asociaciones de propietarios hablan de organizaciones que distan de actuar de manera espontánea. Que tienen apoyos de personas cercanas al poder político a veces, a la justicia otras ( o los dos) y que conocen aquellos instrumentos que pueden favorecer tanto las tomas como el empantanamiento de los procesos.

Hay dos elementos polémicos que algunos ponen especialmente bajo la lupa. Uno es la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449), sancionada en 2012, en la cual se basaron decisiones recientes de urbanizar asentamientos en terrenos usurpados que la justicia había ordenado desalojar (uno de los casos que se enmarcaron en la aplicación de esta normativa fue la decisión comunal de urbanizar un predio ubicado en 30 entre 91 y 104 que había sido tomado y para el que la justicia ordenó el desalojo).

La otra es una resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (la 707/19) que estableció un protocolo de actuación frente a las ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad. Según las víctimas de usurpaciones, ese instrumento crea un laberinto de trámites y pasos legales (más de una veintena) que llevan a pensar “que el litigio no se va a resolver jamás”.

Todos estos elementos configuran un escenario por demás complejo. Porque estos instrumentos fueron creados para proteger a los ocupantes cuando hay entre ellos personas vulnerables como niños y ancianos y apuntan a brindarles una solución habitacional antes del desalojo. Pero, al decir de los propietarios afectados, no contemplan para nada su situación y los sumerge en un interminable laberinto que muchos no terminan jamás de transitar.

Al mismo tiempo, al ritmo de las ocupaciones va creciendo una periferia anárquica y con características propias, en la que el insuficiente o nulo acceso a los servicios básicos de infraestructura aparece como un dato saliente.

Al ritmo de las usurpaciones va creciendo una periferia anárquica y sin servicios

Las tomas apuntan cada vez más a terrenos grandes, de entre 4 y 5 hectáreas