Los tribunales, sin atención al público y con una guardia mínima hasta el 31 de marzo

Quince “días inhábiles” -desde ayer- hasta el 31 de marzo, con una guardia judicial mínima y sin atención al público. Bajo ese esquema funcionarán durante dos semanas los tribunales del país, tal como lo resolvió ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que magistrados y abogados reclamaran la declaración de una “feria judicial” para frenar la propagación de la pandemia de Coronavirus.

Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que no se trata de una “feria judicial” porque -aunque limitada- habrá actividad, con tribunales abiertos para presentar denuncias y resolver trámites de urgencia. Como estas dos semanas serán “inhábiles”, los plazos procesales se postergarán hasta el 31 de marzo.

Aunque se limitará la actividad, la Corte aclaró que no se trata de una feria judicial

Textualmente, la acordada, de 12 páginas, sostiene que “se garantizará una prestación mínima debiendo cubrirse prioritariamente con magistrados y funcionarios de la dependencia que no estén dentro de los grupos de riesgo” y suspende “la atención al público, salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de letrados y o partes”.

Para evitar aglomeraciones, la acordada de la Corte habilita a todos los abogados a tramitar de manera electrónica todos los expedientes y documentos, siempre que esto sea posible.

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La resolución establece además una “licencia excepcional -y voluntaria- con goce de haberes” para “todos aquellos magistrados, funcionarios y empleados mayores de 65 años o que padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al virus Covid -19”.

También podrán optar por esta licencia las mujeres embarazadas, los padres, madres, tutores o adoptantes de menores que concurran a establecimientos educativos “mientras rija la suspensión de clases”.

En tanto que “en los tribunales y dependencias judiciales en las cuales haya existido la presencia de una persona afectada con diagnóstico de la enfermedad o ‘caso sospechoso’ se dispondrá una licencia excepcional, con goce de haberes, respecto de todos los magistrados, funcionarios y empleados”. En ese caso, se dispondrá el cierre del tribunal.

El texto judicial autoriza a su vez a destinar una partida de 40 millones de pesos del fondo anticíclico para cubrir gastos destinados a la atención de la enfermedad viral china, como por ejemplo la compra de insumos (barbijos, termómetros, elementos de higiene) o medicamentos.

La acordada lleva la firma de los cinco miembros del máximo tribunal. Del encuentro para resolver la cuestión participaron el presidente Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton. No estuvo Juan Carlos Maqueda, por encontrarse en cuarentena tras haber regresado de los Estados Unidos; no obstante, participó virtualmente en la toma de decisiones.

La Corte tomó la decisión tras un informe de la comisión médica creada días para el seguimiento y control de la situación epidemiológica. Y llegó luego de la presión de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, la Junta de Presidentes de Cámaras y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quienes reclamaban la declaración de la feria judicial para suspender las actividades en el orden nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión llegó tras la presión de magistrados y otros funcionarios judiciales

Antes de que la Corte anunciara la (casi) paralización de la actividad judicial, el procurador general de la Nación , Eduardo Casal, había recomendado a los fiscales nacionales y federales del país limitar la asistencia del personal hasta el 31 de marzo, organizar trabajo en el domicilio y dar licencias a los mayores de 60 años o con patologías que los ubiquen entre los grupos de riesgo.

También, Casal había dispuesto justificar las faltas de los padres, madres o tutores a cargo de chicos escolarizados que deban permanecer de modo exclusivo a su cuidado.

Una decisión similar había adoptado la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, al resolver permitir que no vayan a trabajar las personas en grupos de riesgo, ni empleados y funcionarios de los juzgados federales y de los tribunales orales que estén a cargo de niños escolarizados. Además, recomendó reducir a la mitad la presencia de personal en las distintas dependencias.

En tanto que en la Provincia de Buenos Aires, y en otras jurisdicciones como La Rioja, Chaco, Salta, Entre Ríos y Tierra del Fuego, las cortes dispusieron asueto judicial hasta el 31 de marzo.