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La medida, argumentada en la necesidad de restringir la circulación, rige en el sistema bonaerense. Los reclusos que habían salido deberán regresar a los penales
Los presos de olmos (foto) y de todo el sistema, sin salidas / Archivo
La Justicia bonaerense suspendió por el tiempo que dure el aislamiento social obligatorio por coronavirus las salidas transitorias y laborales de las que gozaban todos los presos alojados en penales de la provincia, informaron fuentes judiciales.
La medida fue adoptada tras una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, mediante la cual se solicitó al Poder Ejecutivo provincial que intensifique los controles sanitarios a las personas privadas de la libertad alojadas en cárceles y que los jueces hagan cumplir el aislamiento dispuesto por el Gobierno Nacional a la población carcelaria.
En la resolución 48, el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, requirió tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como al de Seguridad que “intensifique los controles sanitarios a las personas privadas de la libertad alojadas en los establecimientos a su cargo y de toda aquella que tome contacto con ellas a fin de evitar el ingreso y propagación del virus COVID-19”.
También pidió a todos los magistrados del fuero penal de la provincia que “analicen, evalúen y adopten todas las medidas que estimen corresponder respecto del colectivo de detenidos que gozan de salidas transitorias”.
Remarcó que “ante la necesidad de limitar al máximo la circulación de personas podrán dejarse sin efecto los egresos que se están ejecutando durante el período de cuarentena, decisión que -una vez superada la contingencia- no proyectará consecuencias negativas para las personas involucradas”.
Tras la publicación del decreto, los jueces que tienen a su cargo personas detenidas que gozan de ese tipo de salidas o de cualquier otro egreso extraordinario de prisión resolvieron dejar sin efecto esos beneficios por el tiempo que dure el aislamiento, inicialmente previsto hasta el 31 de marzo próximo, inclusive.
Voceros judiciales consultados aclararon que los reclusos que habían salido de los penales con autorización están obligados a regresar y cumplir la pena privados de la libertad por el tiempo de aislamiento, mientras que los que iban egresar a partir de permanecerán en sus celdas.
Hasta el momento, otras dos provincias dispusieron medidas similares a las que adoptó Buenos Aires: Misiones y Chubut.
El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Misiones dispuso interrumpir las salidas transitorias de los internos hasta el 31 de marzo, como así también se suspendieron temporariamente las visitas intercarcelarias, domiciliarias y laborales.
En tanto, la Justicia de Chubut resolvió ayer mismo la suspensión del régimen de salidas transitorias para los detenidos y también la visita de familiares, pero en este caso, se dispuso además que se les entregarán teléfonos celulares a los reclusos para que puedan comunicarse.
La medida fue adoptada por el juez Coordinador de la Ejecución de la Pena, Horacio Daniel Yangüela, y abarca a todas aquellas personas detenidas a disposición del Poder Judicial de Chubut, como así también “a las visitas de los familiares de los encausados que se encuentren alojados en distintos centros de detención”.
También en los penales bonaerenses, desde antes de el aislamiento obligatorio, casi el 100% de la población carcelaria había decidido limitar las visitas de sus familiares como medida de prevención para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
El último reporte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) indicaba que 44.832, de un total de 44.955 personas que se alojan en las unidades bonaerenses; es decir, el 99,72 por ciento, estaba de acuerdo con esa medida.
Otra de las medidas dispuestas en las cárceles bonaerenses fue la suspensión de todas las actividades educativas y extra curriculares dirigidas a los internos y las internas alojados en las unidades y alcaidías de la Provincia, con la posibilidad de que los docentes envíen los materiales de estudio físicamente con los recaudos de bioseguridad.
También se estableció que cada dependencia cuente con un sector de aislamiento para los presos y las presas que sean considerados “casos sospechosos”.
En la Provincia, un Comité de Crisis supervisa la aplicación de medidas de seguridad sanitarias en las cárceles y alcaidías.
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