La Cámara Federal de Casación recomendó a los tribunales del fuero en todo el país que adopten medidas alternativas al encierro en cárcel común, como la prisión domiciliaria, ante la pandemia de coronavirus.
El máximo tribunal penal federal del país suscribió una acordada en la que encomendó a “los tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder”.
En particular, se aludió a detenidos con prisión preventiva por “delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo”, siempre con “mecanismos de control y monitoreo”.
Además, se aclaró que “una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo reexamen”.
Esta norma dispone que se debe pedir y valorar la opinión de las querellas que representen a víctimas o sus familiares.
Casación también instó a dar prisión domiciliaria en los casos en que la prisión preventiva haya superado “ostensiblemente” los plazos previstos sin condena y “tomando en cuenta las características de cada proceso”.
En el listado de posibles beneficiados se incluyó a condenados por “delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena impuesta” o con condenas a penas de hasta tres años de prisión.
También aquellos detenidos que estén “en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional”.
La Cámara de Casación recordó que en anteriores disposiciones ya recomendó dar arresto domiciliario a mujeres embarazadas y/o encarceladas con hijos e hijas y adultos mayores o con discapacidades que expongan a “un mayor riesgo de complicaciones graves” si se contagian.
“Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados”, se explicó en la acordada.
En el caso de delitos graves Casación encomendó a los jueces federales de todo el país “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la posibilidad de otorgar beneficios por el COVID-19.
Casación respondió con esta acordada a planteos hechos por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura.
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