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La reciente evacuación de internos de un geriátrico del barrio porteño de Belgrano por una veintena de casos de coronavirus, tres de ellos correspondientes a empleados del establecimiento, que debieron ser trasladados de inmediato a centros especializados de salud mientras el lugar fue clausurado, además de otros casos anteriores que tomaron estado público, debieran servir como referencia para monitorear en forma rigurosa el estado que presentan tales institutos.
En ese episodio, el abogado que se presentará como querellante en la causa penal iniciada por un grupo de familiares dijo que formalizará una denuncia contra los propietarios, los médicos y el Estado, por la presunta comisión de los delitos de abandono de persona y propagación de enfermedad contagiosa, porque estaban previamente informados de que había un caso positivo, pese a lo cual no habrían hecho nada, según aseguró.
Al margen de otras consideraciones sobre un caso que es particular y cuya investigación se encuentra en el ámbito judicial, cabría señalar que también en el curso de esta semana el diario madrileño El País alertó sobre la calamitosa situación que presentan en la capital española las residencias geriátricas, calificándolas como “trampa mortal de los más vulnerables”, dado el elevado índice de letalidad registrado en esos hogares. Se indicó que en Madrid hay 44.312 personas que viven en alguno de los 710 centros de servicios sociales para mayores, reportándose más de 5.200 casos de fallecimiento por coronavirus o síntomas compatibles. Esa cifra fue calificada como catastrófica.
Cabe reseñar que, promediando el mes de marzo pasado, el ministerio de Salud bonaerense recomendó diversas medidas para evitar la circulación del coronavirus en todos los geriátricos y residencias para adultos mayores en territorio bonaerense.
En esa comunicación, emitida antes de que rigiera la cuarentena obligatoria, los expertos sanitarios aconsejaron prohibir el ingreso a visitantes, usuarios y familiares que hubieran viajado por una zona de circulación viral, así como hubieran estado en contacto con un caso confirmado o probable. También se aconsejó evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios.
Tal situación preocupó siempre, ya que las primeras víctimas de las omisiones y de las fallas funcionales en la prestación de este servicio son los internos, es decir las personas más indefensas. Como referencia más cercana puede reseñarse que en febrero pasado la Comuna platense, en conjunto con la cartera provincial de Salud, dispuso la clausura preventiva de una docena de geriátricos que funcionan en nuestra ciudad, por haberse constatado, deficientes condiciones higiénico-sanitarias.
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En años anteriores un informe realizado sobre algunos institutos de nuestra ciudad comprobó también una serie de deficiencias en los establecimientos, en algunos casos deterioros edilicios, por contar con personal poco capacitado o por incurrir en prácticas de atención que transgredían los derechos de los internos.
Se habla por cierto de una prestación esencial, relacionada a la calidad de vida que merecen los adultos mayores edad. Ello, con mucho más razón ahora, cuando una pandemia de las características del coronavirus amenaza en forma directa a las personas de mayor edad. De allí que se le pide a los responsables de estos hogares y a las autoridades sanitarias que se extremen los esfuerzos para el mejor cuidado de quienes se encuentren internados en ellos, así como del personal que los atiende.
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