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El Gobierno mejoraría las condiciones jurídicas, pero no el valor de lo que pagará por dólar. Esperan un gesto del grupo BlackRock
El canje de la deuda, postergado desde abril en su resolución y con una negociación muy dura y extensa, parece encaminarse a una solución antes de la fecha impuesto por el Gobierno del próximo 4 de agosto.
Tanto el Gobierno como los acreedores han acortado sustancialmente sus diferencias para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares. Y todas las miradas se posan en el grupo liderado por el fondo BlackRock, aunque todavía el grupo Ad Hoc liderado por el fondo Monarch tampoco dio señales claras.
En el mercado apuestan a que un acuerdo para concretar el canje está cerca, aunque a dos semanas de que cierre el plazo del canje, la renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera tiene un final incierto. Los tres grupos de acreedores se unieron esta semana para presentar una nueva contraoferta al Gobierno que, aseguran, se acerca mucho a la oficial, pero en el Ministerio de Economía insisten con el mensaje de que no habrá mayores cambios -excepto algunas cuestiones legales- y que la propuesta financiera formalizada el 6 de julio ante la Securities & Exchange Commission (SEC) es la última.
Alberto Fernández abrió una ventana de negociación con los acreedores privados. Esa instancia de diálogo está siendo protagonizada por Martín Guzmán y Jennifer O´Neill, influyente manager de BlackRock, y su resultado depende del Congreso, el Fondo Monetario Internacional, el G20 y los tres grupos de bonistas internacionales que aún resisten la última oferta oficial registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), según Infobae.
El Gobierno se abroqueló tras el discurso de que “la propuesta no se toca” y que el valor de los bonos a canjear será de 53,5 dólares por cada 100. Los acreedores exigen estirar la oferta oficial a casi 55,7 dólares.
Mientras tanto, desde el Comité de Acreedores -el grupo más allegado al Gobierno- aseguraron que se sumaron a la nueva contrapropuesta con los grupos Ad Hoc -liderado por BlackRock- y Exchange Bondholders debido a que los bonistas más duros “aceptaron hacer una oferta con la misma estructura de bonos que la propuesta oficial. Hacer que presenten esta alternativa fue un gran logro y un gran esfuerzo”, dijo una fuente del ACC.
Para los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta del Gobierno y la de ellos. “La diferencia es mínima. Son menos de U$S 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, precisó la fuente a Infobae.
Insisten en que la diferencia económica representa menos del 0,5 por ciento del PBI y que es un costo mucho menor para el país que no tener acceso a los mercados financieros internacionales, que sería el escenario ante un eventual default.
Los grupos liderados por fondos de inversión aceptarían la estructura de los bonos que presentó el ministro Martín Guzmán en su última oferta si les dan un cupón de interés promedio mayor, del 3,4 por ciento, frente al 3,11 por ciento de la oferta argentina.
Pretenden además mayores intereses por el bono con vencimiento en 2030 que se dará a los inversores en compensación por los vencimientos de intereses impagos y que el plazo de gracia sea menor, es decir, que Argentina comience a pagar servicios de la deuda en julio de 2021 y no en septiembre, como ofrece el Gobierno.
En los aspectos legales, los acreedores exigen cambios en el mecanismo de asignación de los nuevos bonos que se les darán a los inversores. Y es en este punto donde, por ahora, radicarían las mayores diferencias.
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