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Ricardo Rosales
Ricardo Rosales
Con la pandemia de por medio, es claro que el debate económico comienza a ocupar el centro de la atención gubernamental, aunque otros temas como el judicial siguen entre las prioridades oficiales. El rumbo de la política económica que decida el presidente Alberto Fernández será la piedra fundacional de lo que ocurra en los próximos años de su gestión: o el inicio de una recuperación o de otro período de retroceso con riesgo de una aceleración inflacionaria, nueva caída del empleo y aumento de la pobreza a más de la mitad de la población.
No se trata de una exageración o un pronóstico agorero. La crisis actual es la más profunda registrada en la historia del país con datos que, impactan por su profundidad, reflejan el daño ocurrido en el tejido productivo. Los pronósticos de especialitas locales o de organismos como el Fondo Monetario Internacional, son de una caída superior al 10 por ciento del PIB (las últimas correcciones llegan al 125). Aunque vale recordar que la Argentina ya venía de otros dos años de recesión y al menos 5 ó 6 de estancamiento.
El desempeño económico de la Argentina en los últimos 10 años es muy pobre, si bien otras comparaciones con lo ocurrido con países de la región retrotraen los problemas del país por su bajo crecimiento, alta inflación o escasa inversión a más de 50 años.
Con este punto de partida a mediados del 2020, las chances de la Argentina de revertir su recorrido económico son bastante estrechas. Las economías desarrolladas y otros países con cierta capacidad de gestión estatal, han avanzado con fuertes programas de aliento a los sectores privados con el botón de muestra de la Comunidad Económica Europea en la última semana que aprobó fondos por 750.000 millones de euros. Para dar una idea de magnitud, estos recursos son equivalentes a dos PIB de la Argentina.
Las restricciones locales se amplifican por la lentitud del gobierno en abordar y cerrar temas claves, como el capítulo de la deuda o de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en las fuertes pujas internas de la coalición gobernante o en abrir debates superados en el resto del planeta: rol del Estado, emisión sin respaldo, la soberanía alimentaria en el caso Vicentin, ahora la ofensiva sobre Edesur, el llamado impuesto a los ricos, demonizar los compradores de dólares y a los grupos empresarios.
Una reciente es la definición de Alberto F. de desestimar los programas económicos. Algunos pocos meses atrás insistió, reiteradas veces, que había un plan pero que no lo revelaba debido a la negociación con los acreedores. ¿Existe o el estrés del poder lo obliga a maniobrar sin un rumbo definido?
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Quizás el Presidente tenga en mente los fallidos programas económicos anunciados en las últimas décadas y no quiere repetir ese error. Aunque la demanda sobre un plan tiene que ver con conocer hacia donde va su gobierno en materia económica.
¿El Estado seguirá gastando como antes o habrá alguna reforma? ¿Qué programa tendrá el Banco Central para devolver algo de credibilidad al peso? ¿Qué sucederá con los impuestos? ¿Continuarán subiendo en cantidad y las alícuotas? ¿Con que países ampliará su comercio exterior y acuerdos de inversión? ¿O como recobrará el equilibrio fiscal?
Que los acreedores quieran ceder lo menos posible o conocer como se les pagará en el futuro si acceden a un canje es normal. Ocurrirá los mismo cuando la Argentina negocie con el Fondo Monetario Internacional otro stand by o el plan que fuera, y con el Club de París. Con una hoja en blanco esas negociaciones no favorecen al país, al contrario lo colocan en una situación de debilidad. Para muestra está la gestión del ministro Martín Guzmán: sus ofertas de canje indeclinables terminaron cediendo en cuatro oportunidades desde un valor de quita del 62 por ciento a la última del 46 por ciento.
El regreso de los subsidios es otro drama económico que, si bien puede ser justificado en la emergencia, agrega discrecionalidad, falta de transparencia y distorsiona el sistema de precios; adicional a que nunca se explica de donde saldrán los recursos para financiar ese nuevo gasto que no sea la simple emisión. Con la crisis, crecen los sectores afectados que reclaman auxilios o recursos especiales para su sector, igual que otros reclamos regionales que motorizan los gobernadores.
¿Qué hará la gestión de Alberto F.? ¿A que fondos recurrirá? ¿A la emisión, más impuestos o pedidos de fondos a organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial o BID? La gestión económica recién parecería empezar, pese a que transcurrieron casi ocho meses desde que asumió el nuevo gobierno.
Como se indicó, el punto de inicio está por el subsuelo. El EMAE, que publica el INDEC, aproxima la evolución del PIB. En abril, la retracción habría llegado al piso con una caída de 26,3 por ciento que se atenuó en mayo a 20,6 por ciento en simultáneo con una flexibilización de la cuarentena. En junio, con los datos que trascendieron, la contracción abril/junio estaría en el orden del 18 por ciento. La industria de la alimentación, que no cerró durante la cuarentena, reflejó datos de extrema debilidad en mayo cuando se atenuó la caída, con perdidas del 40 por ciento en aguas mineralizadas, 20 por ciento en gaseosas, 11 por ciento en leche (en junio la producción de leche registró otra recuperación).
La salud fiscal es otro indicador de la crisis: de un rojo primario del orden de 0,4 por ciento del PIB con el que finalizó 2019 a un desequilibrio monumental que podría ascender a 7,6 por ciento o 8,1 por ciento del PIB. Un estudio de Fundación Mediterránea elabora dos escenarios para este año, en función del costo del paquete fiscal que decida el Presidente, estimando estos dos porcentajes. La misma entidad realiza una comparación con respecto al tipo de cambio actual, si se puede considerar alto o bajo. El dólar oficial cotiza casi en los 76 pesos, con correcciones mensuales del orden del 2 por ciento/2,5 por ciento en los últimos meses, al tiempo que el paralelo alcanzó los 140 pesos.
Para algunos economistas el precio actual del dólar es suficiente, sin embargo la comparación del precio del Big Mac (la hamburguesa global) indica que en la Argentina es más cara que en Brasil, Chile, Perú, Colombia o México.
“La demanda sobre un plan tiene que ver con conocer hacia donde va el gobierno de Alberto Fernández en materia económica”
“Con la crisis, crecen los sectores afectados que reclaman auxilios o recursos especiales para su sectorigual que otros reclamos regionales”
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