Fallo a favor de que los camaristas vuelvan a sus tribunales de origen

Mientras aún se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema de la cuestión de fondo, ayer el Tribunal de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el cese de las subrogancias que ejercían los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli en los tribunales de Comodoro Py, quienes deberán ahora regresar a sus juzgados originales, “sin perjuicio” de la finalización de los procesos orales que se encontraban en trámite, para asegurar así “una adecuada administración de justicia”.

La decisión fue adoptada a través de la resolución número 272/2020, que establece por mayoría de los votos de Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano H. Borinsky, “hacer cesar las subrogancias” en los tribunales que ocupaban los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, “sin perjuicio de la conclusión de los juicios orales en trámite, asegurando una adecuada administración de justicia”.

De este modo, los jueces deben volver a sus cargos anteriores, Bruglia al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, Bertuzzi al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y Castelli al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.

A través de los decretos 750, 751 y 752, publicados en el Boletín Oficial de ayer, el Poder Ejecutivo había dejado sin efecto los traslados de los tres jueces mencionados, luego que solo un día antes se expidiera el Senado de la Nación, presidido por la vicepresidenta Cristina Kirchner a quien los tres jueces investigaban en causas de corrupción, en ese sentido.

Entre sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la Constitución establece “un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales” en base a “una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”, trámite que no se cumplió.

El Gobierno dejó sin efecto los traslados, solo un día después de que se expidiera el Senado

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Mientras, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pidieron ayer a la Corte Suprema de Justicia que “contemple la posibilidad” de concederles “una licencia de carácter extraordinaria” hasta que se resuelvan sus planteos judiciales.

Pidieron también que les “indique y ordene de qué manera deben proceder” y “dónde y en qué carácter cumplir funciones” luego que el Senado dejara sin efecto sus traslados a la Cámara Federal desde otros tribunales.

En una nota, vía digital, al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Bertuzzi y Bruglia solicitaron que “dada la crítica situación” generada por decisión del Senado de que retornen a sus cargos en tribunales orales federales de La Plata y en capital, respectivamente, se “contemple la posibilidad de concedernos una licencia de carácter extraordinaria”.

“Les solicitamos tengan a bien establecer los lineamientos en cuanto a todo lo relacionado a la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha; ello a fin de evitar graves consecuencias que pongan en riesgo la vulneración de garantías constitucionales que hacen a la seguridad jurídica”, consigna la misiva.

“El Poder Ejecutivo de la Nación acaba de consumar un acto ilegal y de suma gravedad institucional que en su momento deberá ser cuidadosamente analizado desde distintas aristas jurídicas, al igual que todos los actos de procedimiento y maniobras previas a su dictado”, destacó el documento.

Para los camaristas federales “las situaciones consolidadas por nuestros decretos originarios de designación, implican que estos últimos solo deberían ser revocados con intervención judicial”, razón por la cual, acotaron, “deberíamos continuar con nuestras funciones ante el Tribunal en el cual actualmente nos encontramos”.

“Además, solicitamos a esta Corte que también considere la particular situación en la cual este contexto nos coloca”, completaron en el texto.

Bertuzzi y Bruglia remarcaron que, en caso volver a los tribunales que integraban antes de sus traslados “legalmente dispuestos hace años”, colisionarían con quienes concursan para esos puestos y jueces subrogantes que en ellos actúan.

La medida que inició el Consejo de la Magistratura en julio, a instancia del consejero representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, se completó con la definición del Senado y ayer con la instrumentación del Gobierno mediante los tres decretos que suspenden los traslados de los magistrados. Si la Corte dice lo contrario, se plantearía un serio conflicto de poderes.