Una advertencia al Gobierno y un golpe político para Cristina

La decisión de la Corte Suprema de aceptar el "per saltum" presentado por los tres jueces desplazados supone una señal de advertencia al Gobierno nacional, en cuanto a su relación futura con el Poder Judicial, y un golpe político para la vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal impulsora de la revisión del traslado de los magistrados durante la gestión de Mauricio Macri.

La resolución de la Corte tuvo lugar en medio de la tensión política entre el oficialismo y la oposición por el "escrache" al juez Ricardo Lorenzetti, y en momentos en que el máximo tribunal del país estaba en la mira de un sector de la sociedad para el cual resulta clave que no haya "impunidad" en las causas en las que se investigan presuntos hechos de corrupción.

Con esta decisión, la Corte ganó tiempo para abordar el fondo de la cuestión, que pasará por determinar si el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli siguió un procedimiento constitucional en el Senado, que es donde manda políticamente Cristina Kirchner. El fallo implica que los tres jueces se mantendrán, por el momento, en sus cargos.

En la interna de la Corte, los antecedentes indicaban que en los últimos fallos sobre casos importantes se plasmó una mayoría de cuatro jueces (Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco) contra uno, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, el fallo de hoy fue firmado por los cuatro primeros y se agregó un texto propio para Rosenkrantz.

Aunque el presidente de la Corte consiguió el objetivo que se había planteado cuando convocó al "acuerdo extraordinario" y logró que los demás aceptaran el "per saltum". En el punto 6 de su resolución, Rosenkrantz sostuvo que "la intervención inmediata de la Corte es el único remedio eficaz para evitar tanto el daño individual (...) como el daño a las instituciones de la República".

En términos políticos, el pronunciamiento podría definir la relación con el Poder Ejecutivo, ya que Alberto Fernández apoyó el desplazamiento de los jueces ideado por Cristina. Mientras que a la Corte le aguarda una ardua agenda promovida por el Gobierno, como la reforma judicial, el cambio de mando en la Procuración y la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

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