Siempre hay impactos sociales negativos en las tomas de tierras

El fenómeno de la usurpación de tierras –que tanta incidencia tiene en nuestra zona- pone en evidencia muestras de desorganización institucional, basadas en el no acatamiento a las leyes y en el hecho de que muchos organismos del Estado -sean del poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo y pertenezcan a las órbitas nacional, provincial o municipal- no han sabido o no han querido, salvo en forma esporádica, evitar estos desbordes.

Por el contrario, muchas veces ha sido el propio Estado el que, de una u otra manera, por fallos judiciales como uno reciente de la Suprema Corte bonaerense, u omisiones inexplicables de las administraciones, ha respaldado de una u otra manera estos despojos de tierra que se concretan en perjuicio de los particulares o del patrimonio fiscal.

Además de las transgresiones a la Constitución y al resto del cuerpo normativo, las usurpaciones se traducen en la irradiación de crecimientos urbanísticos carentes de planificación, inarmónicos, concretados muchas veces en tierras bajas y en zonas carentes de servicios, de modo tal que grandes áreas del crecimiento de los centros poblados han quedado, en la práctica, en manos de grupos mafiosos que especulan con la justa necesidad de vivienda propia de muchas personas. Mafias que, realidad, sólo lucran con los robos de tierras que pertenecen a particulares o al Fisco, para venderlas luego en parcelas reducidas y a muy bajo precio.

En este contexto acaba de conocerse que la Municipalidad local le pidió a la Provincia el “desalojo y reubicación” de unas 198 familias que se encuentran en la toma del ex club de Planeadores de Los Hornos, al advertir el alto riesgo de inundación de la zona, en la que se cruzan las cuencas de los arroyos Maldonado y El Gato. “Si llega a llover un cuarto de lo que llovió el 2 de abril de 2013, se ponen vidas en riesgo”, afirmaron los funcionarios municipales.

A través de un informe emitido por el Intendente, la Comuna le envió al Gobierno provincial un informe elaborado en forma conjunta por técnicos del Municipio y de la Universidad Nacional de La Plata, que da cuenta de que los lotes ocupados en el predio de 155 y 76 se encuentran “en la planicie de inundación del arroyo Regimiento”.

El documento señala que el predio de unas 160 hectáreas, propiedad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Nación (AABE), está comprendido en la zona de “riesgo hídrico” en parte de la “planicie de inundación” del arroyo, según lo determinó un estadio elaborado por la Universidad el año pasado. Lo ocurrido en La Plata hace siete años exime de mayores comentarios.

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En el informe entregado se advierte que el alto riesgo de inundación en la zona también obedece a que se cruzan allí las cuencas de los arroyos Maldonado y El Gato, habiéndose instalado en el predio, recientemente, más de 1.000 casillas precarias se sabe, estas tierras que antes fueran del ex club de Planeadores son propiedad del gobierno nacional en tanto que, según explicaron en el municipio, la Provincia cuenta con un permiso de uso, por lo que la causa para pedir su desalojo se tramita en la esfera de la Justicia federal y las presentaciones deben realizarlas el Gobernador o el Ejecutivo nacional.

Desde luego que el Estado se encuentra en deuda con quienes sufren con la falta de una vivienda propia y ese problema debería ser resuelto a la brevedad, mediante los planes crediticios y de promoción de las obras correspondientes que deberían impulsarse. Pero esa injustificable mora no debiera verse “compensada” con la luz verde que parece habérsele dado a quienes han montado el negocio de la ocupación y venta ilegítima de tierras.

Además, nada justifica el urbanismo anárquico que perjudica en forma integral a la sociedad y, en primer término, a quienes se instalan a vivir en lugares inapropiados y con viviendas sumamente precarias. En esta materia no son las excepciones, sino las reglas, las que deben conducir el progreso.