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La ruidosa protesta de la Policía Bonaerense escaló ayer hasta la Residencia de Olivos. Mientras afuera, en las puertas mismas de la Quinta presidencial, decenas de efectivos hacían sonar las sirenas de sus patrulleros, adentro crecía la preocupación por un reclamo de dimensiones desconocidas. Y, en tren de deslindar responsabilidades, cerca del Presidente dirigían todos los dardos al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien, según barruntaban, “fue incapaz de medir el problema que se venía, no anticipó el descontento que se estaba gestando, no escuchó el reclamo, ni se sentó a discutir cuando había tiempo”.
“Esto así no va más”, decían en Olivos en referencia al ministro de Seguridad
Visiblemente molestos con el funcionario “que se la pasa haciendo campaña en los medios en lugar de trabajar”, hablaban en términos de ultimátum: “Esto así no va más”, decían, aunque admitían que la decisión sobre su continuidad o no “está en manos del Gobernador” Axel Kicillof.
Sobre todo, la protesta de la Bonaerense, que agita la cada vez más tirante relación entre Berni y la Rosada, molestó por su “imprevisibilidad”. O, peor, porque el ministro provincial no supo capear la tormenta que se incubaba: “No puede ser que no haya avisado con certeza lo que se iba a venir”, reprochaban en el equipo presidencial, que esperaba calmar los ánimos policiales con los anuncios del último viernes: el aporte del Gobierno nacional de 37 mil millones de pesos para la incorporación de 10 mil nuevos policías, 18 meses de formación para los nuevos integrantes de la fuerza, 2.200 nuevos móviles policiales, 4.000 paradas seguras, 12 unidades carcelarias y 3.957 efectivos federales más en el Conurbano.
Pero ni esa promesa, ni el aumento salarial que en la mañana de ayer anticipó la Provincia (ver página 5) alcanzaron para apagar el fuego de los reclamos.
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Tan sorprendidos como inquietos por la profundidad de la problemática, Kicillof y el presidente Alberto Fernández mantuvieron un diálogo telefónico en las últimas horas. Durante esa comunicación, el Presidente le pidió al Gobernador apurar el anuncio de incremento salarial y hacerlo junto a Berni. Porque, más allá de los cuestionamientos existentes en la intimidad, el mensaje que se busca dar es que el ministro es “parte de la solución y no del problema”.
Pero no todos los problemas de la Rosada se llaman Berni. El temor, además, es que el reclamo salarial de la Policía Bonaerense termine siendo un espejo para los efectivos de otras provincias.
“Estamos al tanto de todo lo que está pasando en las provincias. Se está hablando con los gobernadores de manera permanente. El trabajo es conjunto”, decían ayer cerca de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.
Se busca por todos los frentes espantar el fantasma de la gran protesta nacional de 2013, que dejó una veintena de muertos, heridos, saqueos y, finalmente, un importante aumento salarial para los efectivos de casi todo el país. Entonces, Berni era el ministro de Seguridad de Cristina Kirchner.
Con la sombra de ese antecedente y en medio de la crisis económica acelerada por la pandemia, los gobernadores empezaron a tomar nota de los reclamos. Algunos, ya cerraron acuerdos de mejoras y otros -como Kicillof- aceleran las negociaciones para evitar males mayores.
En Misiones, por caso, las protestas policiales derivaron en un acuerdo con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, que incluyó un incremento salarial -con mayor impacto en los escalafones más bajos, en ese caso con una suba de más de 16.000 pesos-, la apertura de una mesa de diálogo y el compromiso de que no habrá sanciones para los uniformados que se hayan manifestado.
Temen que el reclamo de la Bonaerense sea un espejo en otras provincias
En Catamarca, el sector recibió un bono de 9.000 pesos en tres cuotas (a cobrar a partir de este mes).
En Jujuy, en tanto, el Gobierno provincial avanzaba en el pago de cuatro bonos de 5.000 pesos a policías y penitenciarios, por un total de 20.000.
Mientras, persistían las quejas policiales en distritos del interior como Chubut y Río Negro, por lo que la preocupación de la Nación por estas horas no se limita solo al terruño gobernado por Axel Kicillof. El temor, confesaban en ámbitos presidenciales, es que este pueda ser el origen de una revuelta de escala nacional. Y, más aún, que lejos de terminar en las urgencias policiales se extienda hacia otros sectores también castigados por los efectos que la cuarentena por coronavirus ha surtido sobre el vasto tejido social de la Argentina.
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