Ausencia del Estado y un trágico desenlace en la megatoma de Los Hornos

Lo que ocurrió estos días en la megatoma de Los Hornos era previsible. La muerte de una persona por una supuesta disputa para recuperar un lote dejó al descubierto no sólo un entramado de ilegalidades sino la inoperancia del Estado para actuar en donde le correspondía hacerlo con eficacia desde hace mucho tiempo.

El hecho de que se estén dirimiendo “dominios” de una tierra que le pertenece al Estado -este dato, en realidad, es accesorio, ya que lo mismo ocurrió y puede seguir ocurriendo en muchas tomas de predios privados- pone en claro sobre oscuro la total ausencia del Estado, ya sea el nacional, el provincial y el municipal, pues a todos les corresponde intervenir ya que se violan los cuadros normativos de esas tres jurisdicciones.

La “propiedad” y las medidas de los lotes son motivos de enfrentamientos que hasta ahora han causado, que se sepa, una muerte. Pero miles de personas a las que, en muchos casos se estafó “vendiéndoles” parcelas que no suelen estar delimitadas con precisión viven en la mayor desprotección. El Estado prefiere ignorar todas las consecuencias de las cada vez más numerosas usurpaciones que suelen ser un negocio de quienes hasta publicitan la oferta de lotes, a pesar de que se generan situaciones más que negativas desde todo punto de vista y son decenas de miles en nuestra ciudad los núcleos familiares absolutamente desprotegidos.

Así, un relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) reveló que en 2019 se comunicaron 76 tomas. Un año después, a mediados del 2020, se habían sumado otras 80 en localidades periféricas al casco urbano. Hoy es de público conocimiento hay más de cien pero, se reconoce, el número es dinámico y siempre creciente.

El trágico episodio surge también como corolario de la impunidad de bandas mafiosas que se consideran capacitadas para comercializar tierras sobre las que no tienen ningún derecho.

El disparador del ataque tendría relación con un pedazo de tierra o una casilla dentro de esas 160 hectáreas que están tomadas. Y no son pocos los que creen que los responsables pertenecen a una banda que mantienen un cierto “orden” y se convierten en los garantes de la…¿seguridad? y jueces.

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A nadie de la administración parece importarle ya que en esas ocupaciones terminen asentándose miles de personas, que no disponen ni dispondrán en mucho tiempo de servicios esenciales.

No hay agua corriente, no hay cloacas, no hay redes de gas, no existen las unidades sanitarias o escuelas, la electricidad se resolverá en el mejor de los casos enganchándose a las redes. Todo está improvisado, todo es a suerte y verdad. El Estado viene permitiendo que impere la ley de la selva y que se salven los más fuertes.

Es muy grave lo que está ocurriendo. Tal como se dijo ayer en este diario, en la megatoma de Los Hornos -y en muchos otros puntos de la Región en donde se registran- atrás de las usurpaciones hay dos fenómenos que se entrelazan y retroalimentan: la necesidad de familias desesperadas y el accionar de grupos violentos de delincuentes que, ante la falta de respuestas judiciales y políticas, se hacen fuertes en las tomas y a través de la coacción se adueñan de lotes que después venden -y revenden ilegítimamente- a través de las redes sociales.

El Estado -que pretende estar presente en muchas áreas en las que su presencia es innecesaria- no aparece en cambio en los lugares y momentos en donde su intervención es imprescindible. Todo lo que está ocurriendo y lo demás que pudiera ocurrir es previsible. Así lo han advertido los vecinos de las tomas y los propios actores directos de las usurpaciones. Esta situación es conocida por todos, pero los organismos públicos con incumbencia en este tema se resisten a reconocerlo y a tomar medidas y el imperio de la ley del más fuerte se sigue extendiendo.