La Corte declara inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia declaró "inconstitucional" la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, retrotrayendo la situación a los tiempos en que estaba integrada por 20 miembros (actualmente son 13) y encabezado por el presidente de la Corte.

El fallo, que aún no está protocolizado y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, este último con una disidencia parcial que no altera la unanimidad de la decisión, avala todo lo realizado por el Consejo desde su reforma pero establece que deberá volverse al "equilibrio" previsto en la ley de creación.

El Consejo tendrá un plazo de 120 días para readecuar su funcionamiento y designar a los siete representantes que, según lo que determina el fallo, hoy le faltan.

En ese lapso, se deberá completar la formación de 20 integrantes y, en caso de no hacerlo, el Consejo no podrá continuar funcionando pues todas sus decisiones serán consideradas nulas.

La Corte consideró que la reforma de 2006 alteró el equilibrio en la representación de los distintos sectores que integran el Consejo: el político (senadores y diputados), los abogados, los jueces y los académicos.

Los jueces de la Corte le pidieron al Congreso que dicte una ley que establezca a futuro cuál será la formación y el funcionamiento del Consejo, respetando esa pauta de equilibrio que consideró alterada con la reforma vigente hasta hoy.

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El planteo de inconstitucionalidad había sido impulsado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que representa al ala más conservadora de la abogacía porteña.

El gobierno envió semanas atrás un proyecto de ley al Congreso con una reforma que establece la cantidad de consejeros en 17 y excluye de la presidencia al titular de la Corte Suprema.

Un proyecto similar había sido consensuado entre Juntos por el Cambio, el kirchnerismo y a instancias del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal durante el anterior gobierno, pero cuando parecía que se sancionaba la ley desde el oficialismo de entonces se le puso un freno.