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La decisión del gobierno argentino de implementar un impuesto a las grandes fortunas generó fuertes críticas entre los contribuyentes que deberán vender parte de sus activos para pagarlo.
Así lo indica un artículo publicado en la portada impresa de ayer del Washington Post, firmada por Diego Laje y Anthony Faiola titulado en su versión en papel “Argentina pasa la factura de la pandemia a los ricos”.
Allí se da cuenta del testimonio de Gabriel De Raedemaeker quien relató que “ya está calculando qué partes de su finca podría tener que vender. No es que las cosechas hayan fracasado o que los precios de las materias primas estén en crisis. Es el nuevo impuesto sobre el patrimonio del gobierno”.
“El Estado me está llevando al límite”, explicó De Raedemaeker, de 54 años (y vicepresidente de CRA), que se enfrenta a un aumento de impuestos del 70 por ciento en virtud del nuevo gravamen de la época de la pandemia que afecta a los ciudadanos con más de 3,4 millones de dólares de patrimonio.
“Al menos desde la década de 1940, cuando la humilde Eva ‘Evita’ Perón pronunciaba encendidos discursos desde el balcón a sus ‘masas descamisadas’, el conflicto de clases ha permanecido justo debajo de la superficie de este Estado sudamericano crónicamente endeudado. Para salir de un enorme agujero fiscal agravado por la pandemia, Argentina está lanzando una llamada de atención que ahora resuena en todo el mundo: Que paguen los ricos”, explicaron los autores, en referencia a este polémico impuesto, que se superpone con el pago de Bienes Personales y amenaza con generar una fuerte conflictividad judicial.
Luego, el artículo menciona que muchos países “han recurrido a los ricos en tiempos de crisis. Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los países europeos y Japón adoptaron impuestos sobre la riqueza para financiar la reconstrucción”.
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