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La iniciativa fue blanqueada por Parrilli, mano derecha de Cristina en el Senado. La oposición anticipó que intentará bloquearla
El mensaje del Presidente en el Congreso/ap
Mariano Spezzapria
@mnspezzapria
El día después de la Asamblea Legislativa, el kirchnerismo no perdió el tiempo y avanzó con la idea de crear una Comisión Bicameral Investigadora de jueces, como una forma de implementar el pedido del presidente Alberto Fernández para que el Congreso realice “controles cruzados” con el Poder Judicial. La iniciativa fue blanqueada por el senador Oscar Parrilli, cercano a Cristina Kirchner.
Según pudo saber EL DIA, el kirchnerismo pretende que la Comisión sea activada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, como una forma de desvincular el proyecto de la figura de Cristina, ya que si el Senado tomara el protagonismo, quedaría servida en bandeja para la oposición la denuncia de que la Vicepresidenta busca presionar a los jueces que la investigan en causas por corrupción.
“El Presidente dijo que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, blanqueó Parrilli. El senador no precisó si la Comisión también investigaría a los fiscales.
En su discurso ante el Congreso, Alberto Fernández cuestionó –sin nombrarlo- al fiscal federal Carlos Stornelli, al tiempo que apuntó contra los jueces de la Corte Suprema, sobre quienes dijo que es “virtualmente imposible” acceder a sus declaraciones juradas de bienes y sostuvo que no pagan el Impuesto a las Ganancias. También afirmó que el Poder Judicial está “en los márgenes del sistema republicano”.
La oposición, a su vez, levantó ayer la guardia ante el anuncio de Parrilli. “Quieren crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo se quiere atribuir facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento”, afirmó el radical Mario Negri. Y advirtió: “Inaceptable, no pasarán”.
En la misma línea, el diputado del PRO Jorge Enriquez dijo que la comisión bicameral a la que aludió Parrilli sería “inconstitucional” y a su criterio, persigue “la impunidad” de la Vicepresidenta. En tanto que la ministra de Justicia, Marcela Losardo: replicó: “No conozco los detalles, pero si la comisión respeta las competencias de la Constitución, no le veo mayores inconvenientes a su formación”, aseguró.
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La Vicepresidenta y sus principales espadas en la Cámara alta, Parrilli y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, ya aplicaron el “control” del que habló Fernández ante la Asamblea Legislativa, en los casos de los jueces Ricardo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes objetaron la permanencia en tribunales federales porque sus traslados -en épocas de Mauricio Macri- no fueron aprobados por el Senado.
La iniciativa que anticipó ayer Parrilli no tiene un escenario favorable en la Cámara de Diputados, donde sigue frenada la reforma de la Justicia federal que envió el presidente Fernández y por la cual el lunes reclamó su aprobación a los legisladores. De hecho, los bloques provinciales –algunos aliados del Frente de Todos- no prestaron su apoyo al proyecto y se especula con que tampoco lo darán a la Comisión Bicameral Investigadora.
“Si lo que se plantean son los controles cruzados, me parece bien porque la Argentina es el país del descontrol. Pero si ese control pasa a ser político-policíaco, por supuesto que voy a estar en contra”, advirtió el diputado Luis Di Giácomo, de Juntos Somos Río Negro, la fuerza a la que también pertenece el senador Alberto Weretilneck, quien suele votar en sintonía con la bancada que responde a Cristina Kirchner.
En su mensaje al Congreso, el presidente Fernández también propuso regular el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema; reformular el Consejo de la Magistratura para “despolitizar ese ámbito”; crear un Tribunal Federal de Garantías con competencias en cuestiones de arbitrariedad e implementar el Juicio por jurados para la sanción de delitos graves que se cometan en el ámbito federal.
La oposición levantó la guardia: “Inaceptable, no pasarán”
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