El informe publicado ayer en este diario sobre los crecientes casos de femicidio en el país, reveladores además de que casi en el 30 por ciento de ellos hubo denuncias de las víctimas que nadie escuchó, además de que muchas de ellas contaban con medidas de restricción perimetral para sus parejas acosadoras y disponían para ellas de botón antipánico, no hizo más que confirmar conclusiones anticipadas en nuestras columnas.
El estudio publicado comenzó destacando que casi la mitad de los femicidios cometidos entre enero y febrero del 2021 fueron en la provincia de Buenos Aires, donde se registraron 19 casos, seguida por las provincias de Córdoba (7) y Santiago del Estero (6), en tanto que el 29 por ciento de mujeres víctimas de ese delito había denunciado a su agresor con anterioridad, según indicó el Observatorio Nacional MuMaLá.
Otra de las referencias ofrecidas destaca que en los dos primeros meses del año se registró en el país un total de 47 femicidios, lo que arroja un promedio de uno cada 30 horas, que derivaron en que 55 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre, según lo dejó establecido el Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas. Se determinó, asimismo, que 17 por ciento de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados), y en el 37 de los ataques se emplearon armas de fuego.
En cuando a los femicidios ocurridos luego de que las víctimas hubieran denunciado a sus ex parejas por ataques y amenazas, ejemplos de ello fueron los casos de Úrsula Bahillo, en la ciudad bonaerense de Rojas; de Ivana Módica en Córdoba y de Guadalupe Curual en Villa La Angostura, Neuquén, quienes tuvieron como rasgo común haber pedido ayuda previa a las autoridades, aunque no fueron escuchadas y terminaron siendo asesinadas. Por su parte, hubo tres mujeres que tomaron la drástica salida del suicidio por la violencia que sufrían
Cabría recordar que el año pasado se publicaron datos similares, ofrecidos por el Observatorio de Femicidios de la entidad platense Casa del Encuentro, que pusieron en la mira a los distintos mecanismos existentes para prevenir y controlar debidamente estos casos, según la coincidente apreciación de especialistas en el tema. En muchos de ellos se evidenciaron errores y omisiones indisculpables en la actuación judicial y policial y la forma en que se aplican esos mecanismos.
Tales episodios exponen la enorme distancia que separa a una legislación bien intencionada que, a pesar de que muestra avances ideológicos, en la práctica no está demostrando ser efectiva para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas, golpeadas, amenazadas y mal tratadas, aún aquellas que buscaron amparo efectivo en la Justicia.
Representantes de entidades de defensa de las mujeres mencionaron, entre la larga cadena de obstáculos que enfrentan las denunciantes para obtener dispositivos de protección, como botones anti pánico, conseguir que le coloquen tobilleras de control al agresor o volver efectiva la medida de restricción perimetrales, siempre vulnerada por los agresores.
El estado de persistente e injustificable desprotección en que se encuentran las mujeres víctimas de la violencia de sus parejas se tradujo, recientemente, en el hecho de que un magistrado calificara como “simbólicas” a las medidas de tipo alternativo que se instrumentan, como las del botón anti pánico y la restricción perimetral, al tiempo que consideró “insuficientes” a los actuales medios de prevención, concluyendo que “se deberían diseñar, en un futuro, herramientas más potentes y eficaces”.
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