Una incidencia demasiado gravosa de la carga fiscal en los productos

El estudio realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelador la gravitante influencia de los impuestos en el precio final de los agroalimentos vuelve a poner sobre el tapete el grave problema de la carga impositiva, siempre en aumento en los últimos años y que incide para impedir inversiones y deteriorar la economía general.

El trabajo de la entidad analizó, como ejemplo, el costo al consumir del kilo de durazno fresco, en el que el 44,8 por ciento del valor del producto corresponde a los impuestos, mientras que el productor primario sólo recibe el 12,8 en concepto de ganancia.

“Tras analizar los costos, impuestos y ganancias netas de cada eslabón, podemos concluir que de los 210.8 pesos en los que se vendió un kilo de durazno fresco en capital federal –precio promedio de marzo 2021-, el productor explica el 12.8 por ciento (27 pesos); el galpón de empaque y la cámara de frío el 15.8 por ciento (33.4 pesos); el mayorista –puestero del Mercado Central de Buenos Aires– el 10.9 por ciento (23 pesos); y el minorista –verdulería e hipermercado de Capital Federal– el 15.7 por ciento (33.1 pesos). Por su parte, la presión tributaria del Estado, en sus tres niveles, asciende a 44.8 por ciento (94.3 pesos)”, indicaron en CAME.

Una vez más, la carga fiscal del Estado queda expuesta: el 75.1 por ciento de los gravámenes son impuestos de origen nacional, mientras que el 24.9 por ciento son provinciales o tasas municipales. Además, al analizar los tributos específicos de la cadena de valor desde la cosecha del durazno en la provincia de Mendoza hasta su venta en Capital Federal (aproximadamente 1150 kilómetros), el 38.4 por ciento corresponde al IVA, el 30.8 por ciento a Ganancias, el 12.8 por ciento a otros impuestos provinciales o tasas municipales, el 12.1 por ciento a Ingresos Brutos y el 5.9 por ciento a contribuciones patronales de la mano de obra.

Bien se conoce que la economía del país y el bolsillo de los argentinos siguen asfixiados por una inflación que no desacelera. Las proyecciones inflacionarias, mes a mes, no dejan de reflejar subas de precios en la gran mayoría de los productos. Si bien podría argumentarse que inciden otros factores, se ha dicho ya en esta columna en muchas ocasiones y también, desde décadas atrás lo han señalado especialistas y organismos internacionales: el sector público argentino gasta muy por encima de sus posibilidades. El resultado es una condena al estancamiento generalizado y la reiterada necesidad de agravar la carga fiscal y financiar el déficit con emisiones inflacionarias.

El Estado ha sido y sigue siendo el único que crece sin parar, creando múltiples organismos, agigantando los planteles de personal, proyectando nuevas y costosas dependencias, incurriendo en gastos descontrolados. En cambio, el sector privado, castigado por una sucesión imparable de tributaciones, se reduce hoy a unas 9 millones de personas que son las que mantienen a casi 40 millones de habitantes y a la cada vez más pesada estructura estatal.

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En fecha reciente, un informe del Banco Mundial reveló que las Pymes argentinas que pagan todos sus impuestos trabajan a pérdida. Ocurre que si una empresa industrial del sector privado argentino cumpliera con todo lo que le pide el Fisco, tendría que enfrentar una presión impositiva del 106 por ciento, es decir, trabajaría a pérdida. Se ha llegado, entonces, a verdaderos despropósitos.

Todo indica que la tarea prioritaria, entonces, parece pasar por ordenar las cuentas del Estado y achicar el gigantesco déficit fiscal, entre otras distorsiones que debieran corregirse, como punto de partida para el despegue de una actividad económica productiva que está esperando estímulos, seguridad jurídica y racionalidad en el manejo de los recursos públicos.