Un intento de motín en Romero reaviva el debate de las cárceles

Una revuelta de reclusos que tuvo lugar ayer en la Alcaidía 3 de Melchor Romero, emplazada en el predio de 520 entre 181 y 183, volvió a poner de manifiesto una de las problemáticas que atraviesa a las cárceles: el hacinamiento y la falta de infraestructura adecuada para alojar a los presos. Por fortuna y el accionar de la Dirección de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, el incidente culminó sin heridos, aunque fuentes consultadas manifestaron que “fueron momentos muy tensos”.

En abril del año pasado, con la pandemia dando sus “primeros pasos” en el país, la situación llegó a extremos mayores cuando unos 150 internos de la Unidad 10 realizaron una huelga de hambre y protestaron sobre los techos de la cárcel con diversos reclamos. Entre ellos, que les otorgaran prisión domiciliaria, insumos de higiene y protección para evitar contagios de Covid-19.

En aquella ocasión, tras una extensa negociación de la que participaron integrantes de la Defensoría General de La Plata, de la Comisión Provincial por la Memoria, de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y el juez de Ejecución de la capital provincial, José Villafañe, los internos accedieron a bajar y se “calmaron las aguas”.

En el hecho que tuvo lugar ayer, voceros oficiales refirieron que comenzó a raíz de un pedido de traslado por parte de un sector de la población. La tensión subió y habría afectado a un guardia. En imágenes que circularon en un video casero se veía a un efectivo reducido por los revoltosos, pero oficialmente no se confirmó esa situación.

“Los traslados pueden pedirse por mala convivencia entre presos”, explicó el portavoz. Por otra parte, señaló que “a diferencia de las alcaidías, las cárceles tienen más espacios para las actividades de los reclusos, como talleres, escuelas, campos de deporte”. Además, agregó, “las alcaidías están concebidas para encerrar al preso durante un tiempo límite que debería ser breve, aunque el régimen de las visitas es igual al de cualquier penal”.

Respecto al episodio, remarcó que “el intento de revuelta fue desactivado rápidamente” y “los protagonistas fueron derivados a penales de máxima seguridad”.

LE PUEDE INTERESAR

Encapuchados reducen a un matrimonio de jubilados en su casa de Etcheverry

LE PUEDE INTERESAR

Una escena violenta y repetida en 29 y 59

En esa misma unidad están los jóvenes acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

En 2015, el territorio bonaerense sumaba 33.698 presos y la tasa era de 200 reclusos por cada 100 mil habitantes. Córdoba y Salta tenían 203 y 205 presos cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Hoy, las cárceles de la Provincia nuclean al mayor número de condenados y procesados de Argentina. Según datos del año pasado, la Provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas en unidades penitenciarias, pero en la actualidad conviven 41.200 personas privadas de su libertad, más 2000 que son monitoreadas con tobilleras electrónicas.

Otro dato crucial es lo que ocurre con las dependencias de la Policía provincial en los 135 municipios, donde se calcula que hay 5.480 detenidos, más de tres veces el número de su capacidad.

En noviembre del 2020, tras una serie de incidentes, desde la Comisión por la Memoria se señaló que “los jueces penales deben actuar conforme a la ley y otorgar las medidas morigeradoras de la pena y libertades que corresponden, y no guiarse por los discursos hegemónicos de los medios masivos de comunicación”.