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Son ciudadanos iraníes y un libanés miembro del Hezbolá. Una jueza quedó a cargo interinamente tras la jubilación de Canicoba
            Uno de los tantos reclamos de justicia por las víctimas/archivo
A 27 años del atentado a la AMIA, la causa judicial sigue centrada en lograr la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados y de un libanés miembro del Hezbolá, sindicado como organizador directo del ataque en Buenos Aires, en tanto se digitalizan los archivos de inteligencia desclasificados.
En la investigación no se logró aún sentar a los acusados ante la Justicia argentina y actúa ahora como jueza subrogante María Eugenia Capuchetti, tras la jubilación en 2020 del juez Rodolfo Canicoba Corral.
La vacante en el juzgado federal 6 ya está abierta a concurso, pero hasta que esté designado el nuevo juez los magistrados que intervengan en la causa lo harán de manera interina.
La pesquisa está delegada en la UFI AMIA, desde donde ya descartaron “todas las demás hipótesis” sobre el atentado y la causa se centra en la responsabilidad del Hezbolá y en los pedidos de captura para ciudadanos iraníes y un libanés que vivió en Argentina bajo el nombre de Salman El Reda.
“El objetivo es hacer comparecer ante los tribunales argentinos a los extranjeros buscados”, sostuvo su titular, Sebastián Basso. “ No existió la pista local, es El Reda el que estaba acá, Rabbani estaba acá, pero el atentado fue hecho por una organización internacional desde el exterior”, agregó en alusión a Hezbolá.
Mohsen Rabbani era agregado cultural en la embajada de Irán al momento del ataque y es uno de los buscados por la Justicia argentina con pedido de captura internacional junto a Ahmad Vahidi, Mohsen Rezai, Ahmand Reza Asghari y Ali Fallahyian, además de El Reda.
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Hasta ahora Irán no respondió a los exhortos e Interpol mantiene activas las llamadas “circulares rojas” de captura internacional.
“Hay un intercambio de información importante con Panamá, porque al día siguiente del atentado a la AMIA hubo un atentado en ese país, explotó un avión en el aire y la mayor parte de los muertos eran de la comunidad judía”, explicó el fiscal.
El 23 de diciembre del año pasado resultó absuelto por segunda vez en un juicio oral el exreducidor de autos y ahora abogado Carlos Telleldín, pese a lo cual los investigadores dan por probado que fue el último poseedor de la camioneta Trafic usada en el ataque del 18 de julio de 1994 en Pasteur 633, que causó la muerte a 85 personas.
Finalizado este segundo juicio oral, cuyo veredicto está apelado en la Cámara Federal de Casación Penal, desde la UFI AMIA se sostiene que fue esta camioneta ensamblada la que se usó como cochebomba.
Además se tiene “certeza” de que Telleldín fue el último poseedor antes de quedar en manos de los autores del ataque, que la cargaron con explosivos para detonarla a manos de un conductor suicida en Pasteur 633.
“Lo que hay que dilucidar es si entregar la Trafic fue o no delito, pero esa fue la Trafic, ensamblada, que se usó en el atentado”, explicó Basso.
El fiscal sostuvo que la investigación se basa en tres ejes, “memoria, verdad y justicia”.
La UFI AMIA trabaja en la digitalización de los archivos de inteligencia desclasificados sobre la causa y prepara una guía de acceso a los mismos que estará disponible para todas las partes del caso.
“Por el lado de la memoria el tema es la desclasificación de archivos. Desde el 2004 a la fecha el Poder Ejecutivo Nacional fue levantando el secreto y poniéndolos a disposición de la UFI”, explicó el fiscal.
“Se hace de manera prolija y ordenada para que sea accesible a las partes y a cualquier persona en el futuro”, dijo.
El trabajo es realizado por especialistas del Ministerio de Justicia de la Nación y se prepara una guía de acceso.
“Verdad es lo que se sabe y se sabe bastante y viene de antes, hubo tres juicios orales por AMIA y en los tres se ratificó que fue un atentado terrorista mediante un cochebomba. Esto está acreditado”, explicó el fiscal.
Al respecto se refirió a los dos juicios por el atentado, uno que terminó en 2004 con absolución de todos los acusados de haber integrado una supuesta “conexión local” del ataque formada por policías bonaerenses, algo “totalmente descartado ya en la investigación”.
El tercer juicio se realizó por delitos cometidos durante la investigación a cargo del destituido exjuez federal Juan José Galeano y en el que hubo condenas, entre ellas a Telleldín por el cobro ilegal de 400 mil dólares a cambio de involucrar a los policías bonaerenses.
“Se trata de buscar más claridad sobre distintos aspectos que todavía permanecen oscuros”, agregó el fiscal y recordó que el año pasado se estableció que en la secuencia de llamados previos al ataque hubo uno a un negocio de venta de agroquímicos en la localidad bonaerense de Del Viso.
“Vendía agroquímicos y el nitrato de amonio, el explosivo con que se cargó la Trafic, es básicamente fertilizante que se consigue en cualquier lado”, explicó.
Hasta enero de 2015, la UFI AMIA tuvo como titular al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien fue reemplazado luego por un equipo de fiscales y en la actualidad está a cargo de Basso.
En lo referido a causas vinculadas, la atención esta puesta en la futura audiencia convocada aún sin fecha por el Tribunal Oral Federal 8 para decidir si acepta un planteo de nulidad de la causa por la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán, a pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una de las imputadas en el caso.
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