Ahora siguieron en barrio Aeropuerto y Villa Elisa los intentos de usurpaciones

Sería desalentador suponer que las autoridades desconocen las derivaciones negativas que, inclusive para quienes las protagonizan, se desprenden de las usurpaciones de tierras. Además de los derechos que se vulneran –los de propiedad en primer término y, luego, todas aquellas obligaciones relacionadas a los tributos fiscales que se evaden y los asentamientos precarios que de inmediato se propagan, carentes de los servicios públicos elementales como el agua, la luz y las redes cloacales, entre muchas otras irregularidades- es también el conjunto social el que sufre a partir de ese fenómeno.

De allí que resulte inexplicable que persistan activas las “organizaciones” encargadas de tomar tierras fiscales o privadas, tal como está ocurriendo con dos intentos que se registran en nuestra ciudad, según lo informó este diario en ediciones anteriores.

El último episodio, del que se informó ayer tiene que ver con el intento de toma de un predio de unas 4 hectáreas ubicado en el barrio Aeropuerto, en el que un grupo de unas cien personas, según detallaron los vecinos, acompañado por vehículos y por las “voces de mando” de quienes las lideraban, ejecutaba las primeras acciones propias de un intento de toma.

La emergencia en el barrio dio paso a momentos de extrema tensión en horas de la tarde, cuando se presentaron varios patrulleros y la Policía avanzó en el desalojo, en el marco de una causa por “tentativa de usurpación” con intervención de un fiscal penal platense. La fuerza informó que se había concretado el desalojo, incautándose algunas herramientas.

Cabe señalar que el lunes pasado vecinos de Villa Elisa denunciaron que se había concretado una suerte de desmonte en una zona del Arroyo Carnaval, señalando que se trataba de un posible y nuevo intento de consolidar allí un asentamiento. En esa oportunidad se habrían talado valiosos ejemplares forestales, en lo que a todas luces, aseguraron, podría preanunciar el desembarco de una toma de tierras, en una situación que la Municipalidad investiga en estas horas.

Es llamativo también que desde hace mucho tiempo se habla muy poco de los planes oficiales de vivienda, cuando la crisis habitacional pasa por ser acaso la que necesite la más prioritaria de las atenciones. Sea como sea, debe reiterarse que el Estado, que brega para imponer el orden en todos los quehaceres, permite en este caso la anarquía, el arrebato, la evasión impositiva, el asentamiento habitacional privado de servicios públicos y, asimismo, las inevitables derivaciones caóticas que supone toda ocupación de tierras. Es el Estado –desde hace muchos años- el que da luz verde a la anomia y, por cierto, las consecuencias son extremadamente negativas para el verdadero progreso y bienestar de la población.

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Ninguna ciudad debe permitir que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad. Bien se conoce que, tanto los propios intrusos como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones, sea por la profusión de conexiones clandestinas a las redes de luz, agua y cloacas, o por la inexistencia de las principales redes de servicio.

Se ha dicho también que uno es el problema complejo, nutrido de diversas urgencias, planteado para quienes no pueden acceder a una vivienda propia, pero que es el Estado el que debe ocuparse por otras vías de enfocar y resolver esa cuestión. Otra cuestión y muy distinta es que se permita -como ocurre en muchos de los casos- el vale todo, el despojo, el accionar de bandas dedicadas a robar propiedades inmuebles. Está claro que las usurpaciones no son la fórmula para resolver el grave problema de la falta de viviendas.