Un “golpe de gracia” para las pymes

Presidente de Apymeco

La reciente sanción del Decreto 728, que resuelve la ampliación de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, propicia la integración del Consejo de la Economía Popular y dispone que el 30 por ciento de la obra pública se licite entre las cooperativas de ese universo social, es el “golpe de gracia” para nuestras ya muy golpeadas pymes constructoras. La competencia desleal empujará a la inactividad y consecuente ruina de las pymes constructoras, cuyos costos son superiores al 54 por ciento del de las cooperativas, en el caso de querer competir en los concursos de obra pública.

Como se ha dicho, fomenta una competencia desleal para las pymes, ya que, en el caso de las cooperativas, no deben cumplir con la registración exigida por la Ley 22.250 y el Convenio Colectivo de Trabajo Nº76/75, sino que se alienta la informalidad. Se empuja a los trabajadores a una precaria situación de la ausencia de los beneficios de la seguridad y previsión social, elementos ineludibles de toda prestación laboral del sector.

Exigencias

También se está soslayando la necesidad de expertiz que exige la ejecución de la obra pública. Muestra de ello son las exigencias en las licitaciones hacia las empresas que comienzan con la necesidad de demostrar la aptitud técnica para la realización de la obra y garantizar la solidez financiera, económica, administrativa, etc., de la misma para poder confiarle las responsabilidades inherentes de una obra.

Lamentablemente nada de esto es un análisis abstracto de las consecuencias de la mencionada norma. Son varios los ejemplos de la ineficacia, discrecionalidad, dispendio de los recursos públicos al entregarlos en manos no calificadas (en el mejor de los casos) para su manejo las obras inconclusas.

Y lo más doloroso no es el panorama descripto, sino el perjuicio a la gente, que se ve privada de agua potable, vivienda, infraestructura sanitaria y escolar, etc., ante el fracaso de esta modalidad cuyo fracaso ha sido largamente probado.

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