Piden liberar a la Afip del secreto fiscal para detectar más incompatibilidades

Tras el acercamiento de los referentes sociales que orbitaban en el “albertismo” a Cristina Kirchner, en el Ejecutivo avanzan con auditorías internas para detectar incompatibilidades en el cobro de planes sociales y ahora piden a la Justicia que levante el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo para que eventualmente se puedan constatar más irregularidades, como la posesión de bienes inmuebles, la compra de dólares o el pago de impuestos a los Bienes Personales.

Se trata de una nueva iniciativa que tensa el vínculo con los líderes de los movimientos populares que venían garantizando la “paz social” de la administración de Alberto Fernández a contracara de lo actuado por sus pares de Unidad Piquetera, enrolados en los partidos de izquierda, que han realizado hasta “acampes” en el centro porteño. Se suma a otra medida en estudio que cambiaría la forma de calcular el monto de los planes sociales -hoy se equiparan a la mitad del salario mínimo- y que es atribuida por las organizaciones a la necesidad de recortar gastos del Estado para cumplir con las metas fiscales con el FMI y guardar “un resto” para afrontar el próximo período electoral.

Un escrito

Lo cierto es que durante la víspera la ministra Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) presentó en el juzgado federal de Daniel Rafecas un escrito para “que levante el secreto fiscal” de los titulares de planes sociales y, de esa forma, la AFIP con la identidad de cada beneficiario analizará “cada caso” y luego el ministerio podrá dar de baja a quienes incurran en incompatibilidades, como tener un trabajo registrado o haber adquirido divisas. Por un informe previo del Banco Central, se anularon unos 3 mil beneficios. “Con este permiso la información se cruza rápido y podremos auditar más fácil”, explicó una fuente oficial consultada.

En paralelo, Desarrollo Social impulsa una auditoría interna a los inscriptos del Potenciar Trabajo (1.300.000) que deberán ingresar a la app Mi Argentina para validar su identidad y tendrán tiempo hasta el 6 de enero próximo so pena de ser dado de baja del programa. Hasta el momento ya pasaron por el registro unas 260 mil personas.

Malestar

Esta serie de medidas lógicamente vienen provocando gran malestar en los referentes de la economía popular. Ayer fue Juan Grabois el que salió a cruzar el pedido de Desarrollo Social a la Justicia para que libere del secreto fiscal de los cooperativistas y se preguntó por qué “el sogazo es siempre para los pobres”, por lo que recomendó que la medida se replique en los “políticos, fugadores y empresarios”. El referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos arguyó que se quiere prolongar el ajuste fiscal “en los pobres” y, siguiendo esa lógica, sugirió que “mínimamente” deberían recortarse los sueldos de los funcionarios de la cartera ubicada en 9 de Julio y Moreno.

Intento por frenar el gasto

También la supuesta iniciativa para desenganchar el cálculo del salario social complementario de la suba del salario mínimo se atribuye a este intento desesperado del Palacio de Hacienda por frenar el gasto. “Fue un globo de ensayo de Massa porque necesita seguir con los recortes y por eso buscó complicidad en el Consejo del Salario”, explicó un jefe sindical consultado por este diario.

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La semana pasada se actualizó el salario mínimo un 20 por ciento más para llevarlo en marzo de 2023 a los $69.500. De continuar este esquema, cada titular de plan social pasaría a cobrar para esa fecha unos $34.750. Lo que busca la gestión de Massa es paulatinamente ir desindexando la economía para intentar minimizar las expectativas inflacionarias.

Roces en el oficialismo

Esta estrategia, lógicamente, va provocando roces con algunos actores del oficialismo. Por eso tampoco acompañó con fruición el pedido de Cristina Kirchner para establecer un pago de suma fija a los trabajadores registrados durante varios meses.

La ex presidenta viene de recibir en su despacho a líderes del Movimiento Evita, como Emilio Pérsico o el diputado Leo Grosso, con los que estaba distanciada. De hecho, los había cuestionado fuertemente en junio pasado en un acto en Avellaneda cuando desde este sector comenzaron a hacer conocer sus intenciones de competir en distritos del Conurbano. Grosso, de hecho, quiere pujar por la intendencia de San Martín, la patria chica del ministro Gabriel Katopodis (Obra Públicas).

La otra precandidata fuerte del sector es Patricia Cubría, esposa de Pérsico y aspirante a suceder a Fernando Espinoza en La Matanza, que blanqueó que durante el encuentro en la presidencia del Senado “no hubo reproches porque se va a dialogar y a unirse para el futuro. No hay que meter el dedo en la llaga por temas del pasado”.

Estas declaraciones dan por tierra los análisis que se hicieron en las últimas horas en la Casa Rosada con el fin de minimizar el efecto político del encuentro. Hasta ahora los líderes sociales venían respaldando al Presidente en la calle y también a sus intenciones de continuar protagonizando el debate político interno del Frente de Todos.

Desarrollo Social impulsa una auditoría interna a los inscriptos del Potenciar Trabajo