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La flamante jefa de Gobierno, Georgia Meloni/ap
ROMA
En nombre del orden y la ley, el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se estrenó la semana con un controvertido decreto contra las fiestas electrónicas que incluye penas de cárcel de hasta 6 años para organizadores y participantes.
El texto, aprobado durante el primer Consejo de Ministros, suscita fuerte preocupación entre la oposición, que teme que se extienda a todo tipo de manifestaciones.
“Se trata de un error muy grave. Los raves o fiestas electrónicas no tienen nada que ver con ese texto. Se está poniendo en cuestión la libertad de los ciudadanos”, lamentó el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, en Twitter.
La medida, llamada en internet “Se terminó la fiesta”, ha sido criticada por la dureza de las condenas y porque de hecho autoriza las escuchas telefónicas, lo que en principio sirve para delitos muy graves, como mafia o fraude fiscal.
“La juventud condenada al patíbulo”, reaccionó el escritor Erri de Luca al defender las manifestaciones musicales libres y gratuitas de varios días y que generalmente se celebran sin autorización en un edificio abandonado o al aire libre, llamados rave.
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La medida contra esos jolgorios fue tomada tras el desalojo pacífico de 3.000 jóvenes, después de 48 horas bailando entre alcohol y drogas, en un galpón abandonado de la ciudad de Módena.
El lunes por la mañana, el ministerio del Interior dio la orden a la policía para que desalojase el lugar y finalmente los organizadores decidieron dar por terminada la fiesta y abandonar la nave ocupada.
Además propone castigar con cárcel a los organizadores de reuniones no autorizadas de más de 50 personas si se consideran peligrosas para la seguridad o la salud, así como confiscar los equipos de música, camiones y furgonetas y poner una multa de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las disposiciones, propuestas por el nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedosi, conocido por sus posiciones ultraderechistas, fueron defendidas por el gobierno.
“Ofrecen nuevos y más efectivos instrumentos gracias a los cuales será posible intervenir rápidamente para frenar un fenómeno que es particularmente costoso para el Estado, y por ende para la comunidad, ya que requiere el compromiso de importantes recursos y de muchos agentes del orden público”, explicó el ministro.
Sin embargo, la formulación del delito ha provocado las críticas al gobierno por parte de todos los partidos de la oposición y dudas de expertos y juristas de que sería demasiado vaga y podría aplicarse también a mítines, manifestaciones, concentraciones.
Uno de las primeros en plantear dudas, inmediatamente después de la presentación de la nueva medida, fue Andrea Orlando, del Partido Demócrata (PD), que advirtió: “La ley antirave hay que leerla con mucho cuidado. Además de los castigos desproporcionados, puede que no solo se aplique a las raves”, escribió .
También intervino el secretario saliente del PD, Enrico Letta, que calificó de “un gravísimo error” y aseguró que “las raves no tienen nada que ver con una regla similar” y que “es la libertad de los ciudadanos la que se cuestiona”.
“No hay vuelta atrás”, escribió en las redes sociales el líder de la gubernamental Liga y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, defendiendo que “la leyes se respetan”. (EFE)
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