Muertes y elecciones: no cede la furia popular en Perú

LIMA

Otros dos manifestantes murieron ayer en las protestas en Perú reclamando la renuncia de la flamante presidenta Dina Boluarte, lo que elevó a cuatro el total de fallecidos en las últimas 36 horas en el país pese a la propuesta de la mandataria de adelantar elecciones para abril de 2024.

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Uno de los decesos de la víspera ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la actuación policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto tomada por unos 1.500 manifestantes. La otra muerte tuvo lugar en una marcha repelida por policías antimotines en Chincheros, en Apurímac, cuna de Boluarte. En Chincheros, los manifestantes consiguieron incendiar la sede de la fiscalía y una comisaría.

En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas. La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas.

Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado el miércoles pasado y su posterior destitución por parte del Congreso. Fue reemplazado en la jefatura de Estado por Boluarte, que era su vicepresidenta.

FUEGO Y DESTRUCCIÓN

Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron garitas de seguridad y la iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida.

El aeropuerto sigue cerrado, con decenas de pasajeros varados. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes.

El anuncio de la presidenta de que presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no ha calmado a los manifestantes, que exigen la liberación de Castillo, el cierre del Parlamento y nuevos comicios ya.

En un intento de frenar la ola de manifestaciones el gobierno cesó ayer a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”.

Mientras tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró “profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia” y llamó a la “moderación”.

Tras indicar que intentará “lograr un acuerdo con el Congreso” para adelantar las elecciones a abril de 2024, Boluarte declaró el estado de emergencia en las zonas donde se registran protestas violentas.

MALESTAR EN AUMENTO

Las movilizaciones crecen desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.

En la sur andina Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos muertos y una veintena de heridos, entre ellos un policía, tras enfrentamientos el domingo durante la toma del aeropuerto por parte de manifestantes pro Castillo. La oficina de la ONU para los derechos humanos precisó que los muertos tenían 15 y 18 años y llamó a las autoridades a investigar.

Miles de personas se movilizaron el fin de semana por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según la prensa.

Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

En este marco, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas agitan los tambores anunciando un “paro indefinido” a partir de hoy martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución.