El Gobierno reabre un frente de conflicto con el campo, que aporta los dólares tan necesarios

Como un bucle absurdo de la historia, otra vez un gobierno kirchnerista/peronista se apresta a desatar una guerra con el complejo agroindustrial. Es el sector de la economía que genera más dólares, ese insumo que justamente falta en las arcas nacionales. Y es esa condición la que explicaría la inminente decisión de la Casa Rosada de subir retenciones a las exportaciones: es un frasco que, para el ministro Martín Guzmán, todavía tiene algo para rasgar en el fondo.

Lo curioso es que, tal vez en su momento de mayor debilidad objetiva, en la semana en que debe sacar del Congreso la media sanción que le falta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional prácticamente rogando el apoyo de la oposición, el Gobierno abre un frente de conflicto con un adversario que se demostró aguerrido y dispuesto a dar batalla.

Hace 14 años, cuando Cristina Kirchner era presidenta y Alberto Fernández su jefe de Gabinete, se desató la bautizada “guerra con el campo” por la idea, luego volteada, de aplicar retenciones móviles a la exportaciones: a mayor valor internacional del grano, más impuesto. El país rural se movilizó contra la administración de entonces durante 129 días. La actual Vice debió ceder, masticando bronca por la derrota política.

Fue el inicio de la salida de Fernández de aquel gobierno, un poco en desacuerdo con la forma en que se manejaba el Ejecutivo (en ese entonces muy influenciado por la figura de Néstor Kirchner) y porque él no logró garantizar la aprobación parlamentaria del proyecto, por aquel voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos.

Suspensión de exportaciones

Ahora, la decisión de Alberto de suspender el registro de exportaciones de harina y aceite de soja, que suele ser el preludio de una suba de retenciones, reavivó el espíritu de resistencia de la cadena agroindustrial, que se dice harta de tener al Estado casi como un socio empresarial.

Por estas horas, dirigentes de la Mesa de Enlace y productores autoconvocados -que, como sucede siempre con las bases, suelen tener menos diplomacia- discuten medidas de fuerza. “Volver a la ruta”, es una idea que pasaría a ser un plan de acción si se confirma el alza del impuesto.

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Fuentes vinculadas al campo cuentan que en las conversaciones informales con el Gobierno se les explicó a los ruralistas que la eventual suba es “para pagar la factura del gas”. Traducido: son dólares que se destinarán a solventar el aumento de la energía que Argentina deberá importar este invierno, derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Raro: se estima que, con esta decisión urticante para el campo, el Gobierno podría quedarse con unos 410 millones de dólares extra cuando las proyecciones dicen que, a los valores actuales, este año el país necesitará unos U$S 6 mil millones para traer Gas Natural Licuado (GNL) a nuestros puertos.

Sin acuerdo

En verdad es un diálogo en el que los actores nunca se pondrán de acuerdo. El campo se queja porque la campaña agrícola fue sacudida por la sequía; el Gobierno responde que los precios internacionales de los granos benefician al sector; y los ruralistas retrucan que está todo muy lindo pero que, entre el impacto de las retenciones, el hecho de que éstas se liquiden a dólar oficial (85 por ciento de brecha con el blue) y los aumentos de los costos para producir por la inflación, ya casi no tienen rentabilidad.

Lo que se encamina a hacer el Gobierno es eliminar el diferencial de retención que existe entre el poroto de soja, que tributa el 33 por ciento, y sus subproductos industriales, que tributan el 31 por ciento. Por eso, Guzmán argumenta que al productor no se le sube el impuesto, se lo mantiene. Sí deberán pagar más las compañías de producción industrial de harina y aceite de soja. La queja de los chacareros es que eso generará una baja en la capacidad de pago de las empresas cuando les compren a ellos los granos en bruto, sin procesar.

Lo notable es que el Gobierno actual está desandando un camino que había iniciado hace un año y medio justamente para mejorar su histórica mala relación con el campo.

El objetivo del diferencial de retenciones es premiar el valor agregado que supone la confección de subproductos industriales de la soja. Acechado por la crisis de la economía, en 2018 Mauricio Macri, cabeza de un gobierno pro-campo, lo eliminó. Fueron Alberto F. y Guzmán los que reimplementaron esos dos puntos de diferencia, en el último trimestre de 2020.

Ahora, los productores rurales se ven venir que la voracidad estatal por dólares frescos podría llegar a las retenciones de trigo y maíz, que pagan un 12 por ciento. Se habla de hasta duplicarlas, justo cuando el precio internacional amaga con escalar hasta las nubes por la invasión rusa a Ucrania, gran productor de estos granos.

No le creen

Desde el Gobierno niegan esta versión pero, en verdad, no hay un chacarero que crea las desmentidas. Es culpa del propio Gobierno: hace menos de una semana, en la feria Expoagro, el ministro de Agricultura Julián Domínguez prometió que no se cerraría el registro de exportaciones de derivados de la soja y que no se analizaba una suba de retenciones. El domingo se conoció que es justamente eso lo que hizo la Rosada. Domínguez no estaba enterado: la decisión fue de Guzmán, pensando en achicar el déficit fiscal bajo la atenta mirada del FMI.

Como sea, deben haber festejado en el cristinista Instituto Patria: varios voceros de ese espacio venían insistiendo en la necesidad de seguir escarbando en el frasco “interminable” de los dólares del campo.

Dirigentes de la Mesa de Enlace y productores discuten medidas de fuerza