Magistratura: el Senado aprobó la reforma, pero hay dudas en Diputados

El Senado de la Nación aprobó ayer por mayoría y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, consensuado entre el oficialismo y bloques provinciales y que como aspecto saliente tiene la exclusión de representantes de la Corte Suprema en el organismo encargado de la selección y remoción de jueces y fiscales.

En la votación en la que se convalidó la norma por 37 votos contra 33, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) manifestó su rechazo a la propuesta del gobierno de Alberto Fernández, en desacuerdo con la decisión de no incluir a la Corte en la representación del Consejo.

La Cámara de Diputados será ahora la encargada de convertir en ley la iniciativa, que eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente con la meta de dotarlo de mayor federalismo. De todas formas existen dudas en relación a si el oficialismo conseguirá número para imponer el proyecto.

Aunque anoche surgió otra duda de su aprobación antes del plazo impuesto por la Corte Suprema desde el propio oficialismo. En ese sentido, el presidente del bloque del Frente de Todos de Diputados, Germán Martínez, se mostró con cautela en cuanto al tratamiento del proyecto de ley aprobado por el Senado en relación a la composición del Consejo de la Magistratura, al señalar que “el tiempo es muy escaso para darle” en la Cámara baja “un tratamiento responsable a un tema de este calibre”.

“El Senado aprobó el proyecto que modifica el Consejo de la Magistratura. Hay media sanción. Antes del 15 de abril hay que tener una nueva ley. Quedan 4 días hábiles”, introdujo el santafesino a través de sus redes sociales antes de referirse a lo apremiante del tiempo para convertirlo en ley.

El Congreso afronta el tratamiento de este proyecto como consecuencia de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema nacional declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

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En esa oportunidad, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

Dicho plazo vence el viernes de la semana próxima, por lo que Martínez aseveró: “El tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre”.

Durante la sesión que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se extendió durante seis horas, senadores del oficialismo y de la oposición se cruzaron acusaciones.

En representación del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli acusó a la Corte Suprema de promover una suerte de “golpe de Estado” para obtener la presidencia del Consejo, y la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti aseguró que al máximo tribunal “le molesta la división de poderes y la democracia”.

Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck -autor de algunos de los cambios que se introdujeron en la propuesta inicial enviada al Senado-, acompañó con su voto y declaró que la discusión no debía girar en torno a “si la Corte si o la Corte no, sino que se trata de federalismo sí”.

En representación de la oposición que se manifestó en contra, el jefe de los radicales, Luis Naidenoff, cuestionó que se haya “desperdiciado la oportunidad de lograr consenso” para modificar al Consejo y aseguró que en la Cámara baja la norma volverá a ser modificada.

Para quienes se opusieron a la norma, de aprobarse como está el proyecto podría ser declarado inconstitucional porque la Constitución señala que el Consejo debe contar con representación de los jueces de todas las instancias, lo que incluye a la Corte.