¿Inflación externa o más retorica política?

La retórica económica y/o política de distintos matices ha encontrado en estos días un latiguillo recurrente, que no explica demasiado y tampoco aporta soluciones, pero parecen haber redescubierto que el principal problema de la Argentina es la inflación y, que si los niveles actuales, del orden del 60%, ponen en riesgo el discutido y tímido rebote económico del 2021, el nivel del empleo y aumentar la pobreza. Los gobiernos europeos, Japón, la Reserva Federal de EE UU y otros países desarrollados, han avanzado con políticas antiinflacionarias y esperan a los largo del año 2022, que esas presiones (en particular de los precios de la energía que aumentaron por razones políticas), vayan cediendo. En la Argentina, el índice de marzo, mensual, fue de 6,7% y el gobierno, a través del ministro Matías Kulfas anticipo que “la inflación de abril no viene bien”, es decir que podría estar otra vez por encima del 6%, aunque pronosticó que en mayo bajaría. No son datos de inflación inéditos para la Argentina. La descomunal brecha no exime al gobierno de eludir esa responsabilidad y cargar las tintas a la invasión de Rusia en Ucrania del último salto inflacionario, que llevó las expectativas del mercado (REM) que elabora el Banco Central, por encima del 60%, aunque ese porcentaje probablemente vuelva a aumentar en los próximos meses.

Las políticas de contención de los precios, en general, se basan en un aumento de las tasas de interés y de reducción del gasto que a lo largo del tiempo, bajen las expectativas inflacionarias. No hay políticas de shock, sino más bien, sostenidas en el tiempo, con alta transparencia y monitoreadas por los bancos centrales, que controlan la expansión monetaria. En el mercado norteamericano, se espera ahora un crecimiento anual del PIB que volvería a alrededor de 2,9% para 2022, y una inflación que bajaría a 5,5% anual a fines de este año. La tasa hipotecaria fija a 30 años saltó a 5% por primera vez desde 2011, lo que dejaría a la población con menor poder de compra. Los precios de la energía no solo dieron un salto tras la guerra en Ucrania, también ocurrió algo similar con los granos, trigo, maíz, soja, etc. Las respuestas de los países desarrollados y, en particular de la Reserva Federal norteamericana, puede que no haya sido la correcta o se haya demorado, o en los mercados se esperaba una respuesta más decidida. Pero en cualquier caso, se trata de debates técnicos complejos, que incluyen infinidad de indicadores y un alto nivel de credibilidad en las políticas que implementan los bancos centrales.

Son situaciones totalmente diferentes a las que transita hoy la Argentina donde el 7% anual que aterroriza al mundo desarrollado podría ser el índice mensual en nuestro país. La inflación es un problema que se remonta a 50, 70 años, al menos y que no puede achacarse a un hecho puntual, una guerra u otro fenómeno externo. Cualquier ciudadano es consciente de que la suba de precios es un aspecto cotidiano y permanente, que el país vivió procesos de hiperinflación o de explosiones inflacionarias de manera reiterada en las últimas décadas. La credibilidad de las autoridades económicas o la conducción del Banco Central, es igualmente muy limitada y su gestión antiinflacionaria desconocida.

El ministro Martín Guzmán viajó días atrás a Washington DC a la reunión de primavera del FMI, con la intención de “re-calibrar” algunas de las metas del programa con el organismo. Pero como el mismo funcionario reconoció, habría regresado con las manos vacías: las metas no se modifican. Puede que el FMI revea esta decisión en las próximas semanas, cuando se inicie la revisión del programa, pero por el momento esa es la situación. Los técnicos del FMI seguramente tienen prevenciones sobre el cumplimiento de la Argentina por los antecedentes.

La meta fiscal está lejos de los valores acordados. En relación a las reservas los números estarían aún más lejos: el Banco Central tendría que haber ganado alrededor de U$S 2.000 millones, pero apenas logró comprar U$S 100 millones (¡en plena liquidación de la cosecha y con precios récords!) y otro tanto ocurrió con la expansión monetaria. En abril, el Banco Central solo logró captar el 90% de los vencimientos de deuda en pesos, lo que proyecta un escenario aún más complejo para lo que resta del año.

capítulo político

El capitulo político en el país es aún más complejo de comprender. El aumento de número de candidatos a la presidencia de la Nación es geométrica, en cualquier espacio partidario que se mire. En tanto no se plantean planes para enfrentar la inflación; es más, una parte de la oposición reconoce aún no tener plan y desde el oficialismo, debaten si la culpa es del FMI, de Guzmán o de los empresarios, en cualquier caso, los responsables siempre son otros. Como es conocido, el acuerdo con el Fondo contempla un fuerte ajuste en el precio de las tarifas de gas y electricidad. Guzmán ha insinuado sería del orden del 60% promedio, aunque desde el “cristinismo” que controla los organismos que regulan las tarifas de energía, dicen que sería mucho menos, quizás la mitad. El intríngulis tarifario para el FMI consiste en conocer quién instrumentará ese ajuste. ¿El Presidente cambiará las autoridades de esos organismos para que firmen el tarifazo? ¿Y si los mantiene, quién hará efectiva esa decisión?

LE PUEDE INTERESAR

Violencia y reclamos en Europa

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

Los problemas de autoridad políticos dejan de ser abstractos para tener una decisión concreta. ¿Qué ocurrirá en otras áreas, por ejemplo, si algunos ministerios u organismos estatales deben contener los gastos? ¿O con recortes a las ayudas a las provincias, en particular con la de Buenos Aires, que se lleva casi todos los auxilios?