El Gobierno nacional insistió ayer en la necesidad de regular el denominado “uso propio” de las semillas y que los agricultores paguen regalías por sembrar semillas genéticamente modificadas, algo que desde hace años genera fuertes polémicas en el país, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados.
“Es necesario reglamentar el uso propio de la semilla, que debe ser oneroso”, sostuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, durante una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas.
La semana pasada, Domínguez ya se había reunido con los representantes de empresas que desarrollan semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.
Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace 2 décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultores que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento.
Los “obtentores”, como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.
Pero desde hace años reclaman además cobrar regalías también por el denominado “uso propio”, aquel que hace un agricultor cuando destina a la resiembra parte de los granos obtenidos en una cosecha.
Los agricultores no rechazan que los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético sean debidamente reconocidos, pero reclaman que este cobro se haga exclusivamente sobre la semilla al momento en que el agricultor la compra al “obtentor”.
Años atrás, ya hubo una fuerte polémica cuando la multinacional Monsanto intentó cobrar regalías sobre los embarques con soja transgénica cultivada en Argentina y exportados a diversas partes del mundo.
SUSCRIBITE a esta promo especial