Tratan de no pagar una garantía en el juicio de YPF

El gobierno argentino presentó, a través del estudio Sullivan & Cromwell que lo representa ante las cortes de Nueva York en el juicio por la expropiación de YPF, que la jueza Loretta Preska exima a la Nación de depositar U$S16.000 millones de “garantía” durante el proceso de apelación de la sentencia.

En septiembre, la jueza falló contra la Argentina y a favor de los demandantes, condenándola a pagar U$S16.000 millones porque al expropiar la compañía violó su estatuto (que obligaba a extender su oferta por la parte que expropió de Repsol a todos los accionistas de la empresa), inscripto ante la SEC, la Comisión de Bolsas y Valores de EEUU, y por lo tanto sujeto a las leyes de EEUU, sede del principal mercado de capitales del mundo, usualmente referido como “Wall Street”.

Argentina apeló el fallo, pero según las normas de la Corte, para ejercer ese derecho y detener el proceso de embargo de activos debe depositar una garantía por un monto equivalente al fallo en proceso de apelación. Esto es, por U$S16.000 millones.

Burford Capital, el fondo que ganó el caso contra la Argentina en el tribunal de Preska, pidió a la jueza que autorice el embargo de activos de la República Argentina a partir del 16 de octubre, cuando expira el período de 30 días desde el fallo para iniciar acciones de ese tipo.

Pero el viernes el Gobierno, a través de sus abogados, presentó un escrito argumentando que el plazo requerido por Burford para iniciar embargos no respeta un “período razonable” y argumenta además que el monto de la garantía exigida equivale al 20% del presupuesto anual de la Argentina y es imposible de cumplir.

“El país no tiene acceso a los mercados de capital para emitir un bono y depositar (ante la Corte) y pagar una garantía causaría un daño irreparable a la población, que sufre de una alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, dice el escrito.

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El escrito presentado por el estudio que representa a la Argentina pide que la jueza rechace el pedido de Burford (inicio de embargos a partir del próximo lunes 16 de este mes) “a la luz del pedido anticipado por la Argentina de suspender la ejecución de la enorme sentencia”. Además, considera “prematuro” el pedido de Burford, afirma que causaría un “derroche de recursos judiciales y de las partes” y por lo tanto pide se suspenda la ejecución de embargos, sin necesidad de presentar garantía. También argumenta que la inmediata ejecución del fallo “generaría litigios caóticos e innecesarios” y señala que de hecho Burford no ha identificado ningún activo embargable de la Argentina en EEUU.

De acceder al pedido de inicio de embargos, prosigue, la jueza “no haría más que lanzar un período de largos e innecesarios procedimientos de identificación en EEUU, a expensas de otros acreedores”.