Legislatura: dictan prisión preventiva para los Albini y el juez busca más “arriba”

El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, dictó ayer la prisión preventiva para el exconcejal del massismo, Facundo Albini, y su padre Claudio, quien durante años se desempeñó como subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos están acusados de integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial en al menos 800 millones de pesos, un desfalco que salió a la luz tras la detención de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ platense que fue sorprendido extrayendo dinero de un cajero automático con 48 tarjetas de débito pertenecientes a presuntos empleados (“ñoquis”) de la Cámara baja. Sin embargo, en su fallo el magistrado advirtió que impera indagar en los responsables superiores para desarmar esta supuesta banda criminal. Para Atencio, resulta clave conocer quién es el jefe o los jefes de Rigau e, incluso, de los propios Albini. Y apuntó por ello a los legisladores.

“Las probanzas acopiadas permiten, por ahora, acreditar que, aproximadamente desde el mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuanto menos tres personas del sexo masculino (en alusión a los Albini y Rigau) integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada. A los fines de perpetrarlos, contaron con la participación necesaria de cuarenta y ocho personas (los dueños de las tarjetas), quienes durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a quinientos ochenta mil pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”, precisó el juez en su escrito.

Con esto, Atencio convalidó lo dispuesto por la fiscal Betina Lacki, que sostiene que los Albini integraron una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial mediante la contratación de empleados en la Legislatura a los que les cobraban todo o una parte de su sueldo. Pero discrepó con la Fiscalía en un aspecto central: el rol de los Albini. Para el juez ellos no serían los jefes de la mencionada operación delictiva. Por el contrario, sostuvo que “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones de quienes sin prestar servicio alguno se les concedía los derechos a la cobertura médica y al beneficio jubilatorio a cambio de la millonaria recaudación de lo que lamentablemente se naturaliza como la ‘plata de la política’”. Puso, en ese sentido, la mira en los legisladores.

En la misma línea, el magistrado amplió: “Han quedado reunidos los elementos de convicción suficientes como para sostener que, Claudio Gustavo Albini y Facundo Mario Albini resulta ser probablemente dos de los autores penalmente responsables”, para luego diferenciar: “Discrepo con la agravante específica puesta en cabeza del coimputado Claudio Albini en cuanto se le atribuye la jefatura de la asociación ilícita. Y con ello dejo también expuesta mi discordancia con la dimensión de la estructura de la banda organizadora de los saqueos a las cuentas públicas. Es que no me resulta razonable presumir que ello pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones y a quien ni siquiera pertenece a la planta funcional”.

Para definir la prisión preventiva de los Albini, el juez se basó en la cuantiosa prueba reunida por la fiscal Lacki, como el peritaje del teléfono celular de Rigau, el informe de Migraciones sobre Claudio Albini y el detalle del Banco Provincia sobre los movimientos de las tarjetas de débito que permitieron calcular en al menos $800 millones la malversación de fondos en perjuicio del Estado.

Tras la decisión de Atencio, el concejal platense y su padre permanecerán recluidos en la Alcaidía Roberto Pettinato, mientras los abogados defensores recurrirán a la Cámara de Apelaciones, donde buscarán cambiar la acusación de asociación ilícita por la de estafa (menos gravosa). En tanto que la fiscal Lacki buscará avanzar en la escala de responsabilidad criminal dentro la Legislatura bonaerense, que desde que estalló el escándalo en septiembre ha guardado riguroso silencio.

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