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Se movilizaron hacia la Legislatura, donde hay una iniciativa con media sanción que prevé crear controles y un registro de la actividad
Repartidores de las aplicaciones de envíos se movilizaron ayer a la Legislatura para manifestar su oposición a un proyecto que busca regularizar la situación laboral de ese sector.
La iniciativa permitiría crear el Registro Provincial único y obligatorio para todos aquellos que trabajen en aplicaciones y plataformas de reparto. Con ese instrumento se avanzaría hacia la formalización del vínculo laboral con las empresas, cambiando al modelo “en dependencia”, a diferencia de la actualidad, donde son trabajadores independientes.
El grupo estaba formado, según le contaron referentes a este diario por repartidores que trabajan con las aplicaciones Cabify, Uber, Mercadoenvíos, Rappi y Pedidos Ya, entre otros.
El proyecto del legislador Omar Plaini (senador, Frente de Todos), cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y pasó a manos de Diputados.
Según pudo saber este diario, en el artículo 2° impulsan a que las empresas de manera obligatoria inscriban a los trabajadores y a los vehículos utilizados.
Así, el registro prevé otorgar un “certificado habilitante” como se pone de manifiesto en los artículos 6° y 7° estableciendo que el Poder Ejecutivo, mediante la autoridad de aplicación sea el encargado de fijar condiciones, requisitos de inscripción, determinar los plazos, controlar las condiciones de servicio, determinar las sanciones y responsabilidades frente a un incumplimiento.
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También será el encargado de exigir a las empresas y prestadoras del servicio que denuncie el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los trabajadores.
En la movida frente a la Legislatura, los repartidores se resistieron al proyecto que, según señalaron, no contiene la opinión de esos trabajadores. Temen que la norma genere resultados contraproducentes, con la creación de un nuevo esquema “burocrático” en la actividad. En esas circunstancias, también temen que algunas empresas dejen de prestar servicios y más de 25.000 personas queden sin esa fuente de trabajo.
La negativa de los trabajadores fue explicada en un documento que se presentó en la tarde de ayer, durante la manifestación céntrica. Allí se detalló que los puntos de este proyecto de ley los perjudican económicamente.
Uno de los argumentos es que se redactó “sin tomar en cuenta las reales necesidades y preocupaciones de quienes realizamos dicha tarea”. No se contempló “nuestra libertad de decidir cuándo y cómo generamos ingresos para ganarnos la vida”, se expresa en el texto.
El documento, que avanza sobre la situación laboral en un sector con alrededor de 60 mil personas, no incluye “nuestras reales necesidades”, insiste el documento.
A la vez, los repartidores, piden allí, mayor seguridad ante los robos, un marco normativo que los reconozca como trabajadores independientes y que les permita destrabar posibilidades contractuales con las empresas, horario laboral flexible y acorde a las necesidades personales y familiares, un sistema impositivo acorde a su realidad (“No puede ser que terminemos tributando como una Pymes”, señalan), capacitación, acceso a la tecnología y equipos necesarios. También exigen reconocimiento y respeto por parte de las fuerzas de seguridad, eliminando “cualquier tipo de discriminación hacia nosotros”.
Tras la protesta, se suspendió el tratamiento de la ley. Desde la Cámara de Diputados se confirmó la posposición del debate en el plenario de legisladores para “seguir escuchando a los trabajadores”. Los repartidores declararon que “por ahora pudimos frenarlo”.
La medida habría sido impulsada al conocerse el rechazo de legisladores opositores. Por su parte, habían salido a apoyarla desde la bancada oficialista.
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