El kirchnerismo llevó la pelea también a la Magistratura

Ante la mirada impertérrita de Horacio Rosatti, los consejeros de la Magistratura del kirchnerismo expresaron su enojo por la presencia del titular de la Corte en una nueva sesión del organismo y abandonaron el recinto en repudio al fallo del máximo tribunal que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, en otro capítulo de la embestida que el oficialismo viene manteniendo contra la Justicia prácticamente desde el inicio de su mandato.

El clima de confrontación del Gobierno con el máximo tribunal fue in crescendo desde que éste falló a favor de la CABA por el recorte en la Coparticipación Federal que le ejecutó la Nación en 2020 y por las sentencias que limitaban el intento del cristinismo por cooptar las bancas en el propio Consejo de la Magistratura. Hoy esta contienda es el único temario que homogeniza a los distintos sectores del convulsionado Frente de Todos.

Pero ayer bien temprano esta nueva “batalla” política del kirchnerismo se trasladó a la Magistratura cuando dos consejeros del oficialismo decidieron expresar su descontento por la presencia de Rosatti tanto por las resoluciones que suspendieron los comicios en las dos provincias citadas como por las expresiones del jurista santafesino en el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), en las que elípticamente criticó al Gobierno por no cuidar la manda constitucional de cuidado de la “moneda nacional”, en referencia a la alta inflación existente.

La sesión de la víspera comenzó a las 9 con el debate de la comisión de “Administración Financiera”, que preside el diputado Alvaro González (PRO). Mientras se discutía la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén para la compra de un predio para construir la sede de la justicia federal en esa provincia, Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo y medio hermano de Wado de Pedro, enunció un elíptico tiro por elevación al fallo conocido ayer en el que se validaba la “competencia originaria” de la Corte para intervenir en los planteos electorales en las provincias.

Sin embargo, el debate continuó sin estridencias y terminó con normalidad. Pero la polémica se reabrió cuando más tarde sesionó “Labor Parlamentaria” con el objetivo de fijar el temario para la sesión plenaria del próximo 31 de mayo. Cuando le tocó hablar al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, dejó en claro que no estaba a gusto “por compartir la sesión” con Rossatti por sus dichos en el evento empresario y por los alcances de la resolución del máximo tribunal conocida el último martes. Pero luego del descargo, se levantó de su silla y se fue. Posteriormente hizo lo propio el abogado laboralista Héctor Recalde, que abandonó el recinto junto con Ustarroz, la diputada camporista Vanesa Siley y la senadora chaqueña Inés Pilatti de Vergara.

Frente a este desplante, el titular de la Corte no dijo palabra y la sesión continuó y fue así que se consensuó entre los presentes el temario del próximo debate plenario. Pero más allá de la decisión de “repudiar” la presencia de Rossati, los consejeros del oficialismo no anunciaron una renuncia al Consejo e incluso más tarde se los vio a Recalde y a Siley rondando por otras comisiones.

Para el diputado González (PRO) el polémico episodio refleja “el permanente sostenimiento del relato del kirchnerismo de la lucha contra la Corte. Ahora parece que quieren ampliar el temario del juicio político por estos fallos. Un absurdo: pedir desplazar jueces cuando no les gusta lo que dictaminan”.

Enemigo común

En diálogo con este diario, el consejero por la oposición remarcó que la embestida contra la Justicia une a un oficialismo envuelto en una interna permanente “porque les es más fácil cuando tienen un enemigo común. Además, les sirve para sostener su discurso político, en el que supuestamente Cristina está proscripta por la Justicia o los fallos por la Coparticipación. Ahora siguen con un juicio político que no ha demostrado nada ¿Qué escándalo acaso se ha descubierto?”.

Tras la accidentada reunión, el bloque del FdT argumentó lo actuado en un comunicado al considerar que las declaraciones de Rossatti en el AmCham se produjeron en “en un ámbito absolutamente impropio para su magistratura, que además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable” al tiempo que opinaron que la resolución que frenó las elecciones en las provincias norteñas es “lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho”.

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