Jujuy: una peligrosa crisis política, que puede convertirse en institucional

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Hasta ayer, con marchas y contra marchas, fluía la esperanza de que la pesadilla de esos años había quedado en la historia superada gracias a 40 años de democracia, que posibilitó la alternancia en el poder aunque los gobiernos hayan fracasado en sus gestiones económicas. Es cierto que el crecimiento de la pobreza genera severos cuestionamientos al sistema, a pesar de que en el mundo ha sido más eficaz que las dictaduras para lograr el desarrollo económico y avanzar en la más justa distribución de la riqueza.

Lamentablemente los dirigentes de partidos y sindicatos prefirieron ignorar y hasta algunos fueron cómplices del crecimiento de un nuevo factor de poder constituido por grupos subsidiados por el Estado, que se consideren los únicos intérpretes de la voluntad del pueblo y sus genuinos representantes. Los gobiernos terminaron negociando con esos líderes que se desempeñan sin auditorías y sin que se conozca el método por los cuales fueron designados, pero con la capacidad de cortar rutas, calles y ocupar edificios públicos lograron ser reconocidos como delegados de sectores sociales carenciados. Mientras, los gremios se han debilitado por la desindustrialización que naturalmente reduce la cantidad de sus afiliados y, en consecuencia, su poder como ha ocurrido con la Unión Obrera Metalúrgica -UOM-. Por eso ahora otros canalizan en la calle la disconformidad social.

Son los que atienden cada vez un mayor número de personas sin trabajo formal, distribuyendo parte del dinero que reciben del Estado sin mayor control oficial. De ahí que puedan arbitrariamente financiar actividades políticas o condicionar la entrega de plata a quienes colaboran con sus comedores y/o participen en marchas y en actos. Esa arbitrariedad posibilitada por el manejo sin control exterior de miles de millones de pesos, se convierte en una indiscutible fuente de poder.

Todo esto queda demostrado en lo que sucede por estos días en Jujuy y Chaco, donde grupos piqueteros y antisistemas demuestran su poder de movilización y violencia.

En el Chaco una de esas organizaciones sociales recibió millones de pesos y hasta construyó viviendas para un barrio al que impusieron el nombre de su líder, contando con la complicidad del gobierno provincial que hasta les posibilitó, además del enriquecimiento personal, adquirir un poder que terminó condicionando también al propio gobernador. También armaron un partido político que adhirió a un frente electoral cuyo candidato era el actual titular del Poder Ejecutivo, Jorge Capitanich. El jefe del grupo era precandidato a legislador provincial y su esposa a intendente de Resistencia. En el proceso judicial a raíz del asesinato de una joven, la Justicia ordenó la detención de varios de los integrantes de la cúpula de dicha entidad. La reacción popular que se expresó en manifestaciones callejeras exigiendo el esclarecimiento del crimen concentró el interés del periodismo nacional que sirvió de respaldo para que los denunciantes de la corrupción y la impunidad sintieran garantizada su seguridad física.

A pesar de que se podía considerar que se había cometido un femicidio, la madre de la víctima denunció que la única comunicación que recibió de un funcionario nacional fue confusa y que aparentemente le ofrecían dinero.

Estos acontecimientos estaban siendo ignorados por el gobierno nacional y por supuesto por el provincial. La indignación de importantes sectores de la población dañó políticamente al oficialismo que el domingo en las PASO debió aceptar que Juntos por el Cambio lograra un mayor caudal de votantes para elegir los candidatos a gobernador y de más cargos.

Mientras, la crisis de Jujuy puede servir para poner en un segundo plano lo que está ocurriendo en Chaco. Pero ante la violencia del intento de incendió de la Legislatura, el cierre por piquetes de las rutas nacionales que comunican a Jujuy con el resto del país y la creciente violencia motivaron el envío por parte del gobierno nacional de altos funcionarios que supuestamente investigaron los hechos e hicieron responsables de los hechos a la administración provincial.

Las manifestaciones de ayer que evidentemente eran protagonizadas por militantes exhibía como causa que se prohibieran los cortes de ruta y las tomas de edificios públicos como si esos no fueran delitos de acuerdo al Código Penal de la Argentina y en consonancia a los principios de la Constitución Nacional.

En la Casa Rosada no hubo respuestas para los reclamos del gobierno jujeño ante los cierres de las rutas nacionales y las denuncias de que los graves incidentes promovidos por quienes querían quemar el palacio legislativo contaban con la participaron de personas arribadas de otras provincias, que según voceros del oficialismo jujeño habrían contado con la asistencia de funcionarios de otras jurisdicciones para trasladarlas rápidamente a esa provincia norteña.

Toda esta crisis, lamentablemente encierra peligros para las instituciones.