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La presencia de 500 efectivos policiales, el control de admisión para impedir el ingreso de hinchas violentos, dispuestos para el partido que jugarán este domingo los equipos de fútbol de Estudiantes y Gimnasia –como parte de las medidas de prevención anunciadas en las últimas horas por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) - si bien resultan necesarias vuelven a exhibir los pocos avances alcanzados para enfrentar el flagelo de la violencia en el fútbol, enseñoreada ya no sólo en los estadios sino en cualquier lugar en donde la pasión mal entendida induce a no pocas personas a exhibir comportamientos antisociales, impropios de una convivencia civilizada.
Sobre este último punto, justamente el organismo oficial anunció también que, ante el conocimiento de la “rivalidad” existente, se dispondrá la realización de operativos en varios puntos de la Ciudad, a la vez que se requirió a dirigentes de ambos clubes realizar una campaña de concientización en redes sociales para evitar acciones violentas entre hinchas.
Todo ello en el contexto de la norma que hace años prohíbe el ingreso a los estadios de las hinchadas visitantes, una medida que al ser sancionada, fue considerada por especialistas como gestada con el inconfesado propósito de ocultar la impotencia del Estado para individualizar, detener y someter a la Justicia a los grupos de violentos que integran las denominadas barras bravas de cada club.
Existen deportes que vienen creciendo en forma ostensible en la cantidad de espectadores que asisten –en oportunidades ya varios miles- que no requieren en modo alguno la presencia de un verdadero batallón de policías, ya que la conducta que guarda el público alcanza y sobra para que se desarrollen las competencias con total normalidad. Si se apela a la “pasión” como fundamento para explicar, nada debiera impedir que ese sentimiento se exprese, también en el fútbol, sin muestras de inaudita violencia.
Los graves incidentes que se registran a partir del fútbol debieran ser vistos como delitos penales y la propagación de esas conductas irracionales sólo puede explicarse a partir de la postura pasiva con que las autoridades vinieron “acompañando” al crecimiento de la violencia en el fútbol.
Se toleraron primero los desmanes de menor cuantía y, por vía de esas omisiones, se llegó a esta situación, en la que no son pocos los que se dedican a imponer la ley de la selva en torno a este deporte.
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No es un secreto que las barras- bravas –bajo el pretexto de alentar a sus equipos- están defendiendo la existencia de estructuras dedicadas a obtener distintos beneficios económicos ligados al espectáculo del fútbol.
En forma inexplicable persisten intocadas las muchas prerrogativas que suelen acompañar a los grupos de barrabravas, muchos de sus integrantes plagados de antecedentes penales. Lo que corresponde es enfatizar que el terrible flagelo de la violencia en el fútbol se mantiene vigente.
El Estado ha permitido que las mafias desnaturalicen al fútbol y lo conviertan en un pretexto para delinquir.
Para la violencia en el fútbol impera el equivocado criterio de que paguen justos por pecadores: se somete a estrictos controles a quienes se portan en forma correcta, se perjudica a la mayoría de los simpatizantes, cuando lo que debiera ocurrir es que –en forma detallada y sistemática- se individualice, detenga y someta a la justicia a los que usan al fútbol para delinquir, a los que van armados, a los que arrojan piedras o bengalas de alto poder en las canchas y después, ya fuera de los estadios, integran bandas delictivas al servicio de quien les pague.
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