Dos detenidos por la muerte del fiscal antimafia

La policía de Ecuador detuvo ayer a dos sospechosos del asesinato de un fiscal antimafias ocurrido el miércoles, mientras el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados.

“Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en Guayaquil”, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal”, dijo el comandante de la Policía, general César Zapata, a través de la red social X (ex Twitter).

El fiscal fue asesinado a tiros anteayer cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil (suroeste).

Suárez investigaba el ataque armado contra un canal de televisión el 9 de enero, en el marco de una sangrienta escalada de violencia de parte de organizaciones narcotraficantes vinculadas a carteles internacionales.

A la arremetida narco, la fuerza pública responde con espectaculares operaciones en cárceles y calles cuando rige un toque de queda nocturno. Durante el arresto de los sospechosos encontraron fusiles, pistolas, municiones, uniformes de la agencia de tránsito en Guayaquil y otras prendas de vestir.

El general de la policía Víctor Herrera explicó que Suárez “no tenía custodia policial permanente”, pese a la violencia disparada en un país que hasta hace pocos años era tranquilo.

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En la escena del crimen se hallaron 18 indicios de bala. Las autoridades estiman que en el auto desde el que se dio el ataque viajaban tres personas: el conductor y dos hombres armados.

“Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (...) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, expresó el miércoles la fiscal general Diana Salazar, en un video difundido por X.

CÁRCELES EN LA MIRA

La toma del canal de televisión en vivo y en directo, entre otros ataques que dejan una veintena de muertos, llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un “conflicto armado interno” para “neutralizar” a una veintena de bandas.

A lo largo de casi dos semanas policías y militares patrullan en el país en busca de armas, drogas y explosivos.

Ayer, cientos de uniformados ingresaron a una prisión en Quito y a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, del que se fugó alias “Fito”, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco. Su huida fue confirmada el 8 de enero y le siguió un recrudecimiento de la violencia en el país.

Los uniformados están “controlando el perímetro externo e interno del centro penitenciario”, señalaron las Fuerzas Armadas en su cuenta de la red social X.

Las Fuerzas Armadas expusieron en la misma red social fotos de presos en calzoncillos, con las manos atadas y recostados boca abajo en un patio. Estas imágenes se han hecho usuales en Ecuador, ante la vigilancia de organismos de derechos humanos para el respeto de las garantías fundamentales de los presos.

Entre el 9 y el 18 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 23.000 operativos y han detenido a 2.174 personas de las cuales 158 están acusadas de “terrorismo”, según las Fuerzas Armadas. También han incautado unas seis toneladas de droga.

La desinformación se multiplica y cala en un país en pánico. Ante los rumores en redes sociales de un supuesto plan de envenenamiento a las tropas, los militares extremaron medidas en el consumo de alimentos, según un boletín.

ESCALADA DE VIOLENCIA

Semanas antes de la arremetida violenta, la fiscal Salazar había revelado los nexos entre las bandas y las más altas esferas del poder.

La investigación Metástasis señaló a jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria, entre otros, de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, departamentos y lujos. “Que el país esté preparado (...) la respuesta a este operativo será una escalada de violencia”, anticipó entonces Salazar.

El fiscal Suárez dirigió investigaciones que destaparon la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia de Covid-19.

Luego del asesinato de Suárez, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó el “fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia”.

La fiscal general también ha denunciado amenazas de muerte en su contra por parte de uno de los líderes de la banda Los Lobos, quien se fugó de prisión en medio de los desmanes ocurridos en las cárceles la semana pasada. (AFP)