El Gobierno tiene cinco días para contestar la demanda de la UBA

El juez en lo contencioso administrativo federal Diego Cormick remitió ayer a la fiscalía la demanda que presentó la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Gobierno, en rechazo a la auditoría que impulsa a través de la Sindicatura General de la Nación. Cormick quedó a cargo del caso por sorteo, luego de que el lunes la UBA recusara sin causa a la primera magistrada que había sido sorteada, Rita Ailán, según informaron fuentes judiciales.

En este marco, el juez le otorgó cinco días de plazo al Gobierno para que produzca el informe de contestación a los argumentos de la UBA, que presentó una “acción declarativa de certeza” para que la Justicia defina si la Sinducatura General de la Nación (Sigen) puede o no auditarla. Además, la casa de altos estudios pidió que mientras se resuelve esta cuestión se dicte una medida cautelar que lo impida.

Concretamente, la Universidad de Buenos Aires reclamó que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y a la Sigen que se “abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno”.

La UBA advirtió también que el Gobierno “decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello”. La demanda busca así que la Justicia “declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 1344/07 y la incompetencia de la Sigen para ejercer el control interno de esta Universidad por resultar contradictorios e incompatibles con las normas, principios y garantías de la Constitucional Nacional”.

Mientras, trascendió que en la Casa Rosada están decididos a apelar cualquier fallo judicial que frene la auditoría sobre la UBA y analizan recurrir a la Ley de Administración Financiera para defender que es correcto que la Sigen audite los gastos de la UBA, aún cuando la normativa 24.521 establece que las universidades nacionales tienen autarquía económica-financiera.

“Si la Justicia entiende que hay causa, es decir, hace lugar al reclamo de la UBA, vamos a contestar la demanda. El sistema de la ley de administración financiera establece el régimen de control: donde hay un peso del Estado, debe haber controles”, dijeron desde la Procuración del Tesoro.

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En la UBA aclaran que la Sigen solo puede controlar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y sus dependencias, no a las universidades “que son autónomas y no dependen del PEN“, argumentan.

“La UBA funciona con fondos del Tesoro Nacional, que deben ser controlados”, aseveran en el Gobierno, donde no descartan dirimir la disputa en la Corte Suprema de Justicia.