Como en La Plata, pero en Río Negro: adolescentes a la Justicia por trucar fotos de compañeras desnudas con IA

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de apelación presentado por la familia de uno de adolescentes denunciado por adulterar fotos con Inteligencia Artificial (IA) con el fin de ofrecerlas a cambio de dinero en redes sociales y, de esta manera, la decisión judicial confirmó la resolución de la jueza subrogante de Familia, Ángela Sosa, que determinó medidas cautelares argumentando la existencia de “violencia de género digital”.

Este caso se suma a otros tantos que se registraron en los últimos tiempos, como el ocurrido en la Plata meses atrás cuando un estudiante de 3er año del Colegio San Cayetano fue denunciado por cometer el mismo delito.

Ahora, según informó ADNSUR y con el mismo procedimiento, un grupo de jóvenes de la ciudad de General Roca utilizaba fotos de las caras de sus compañeras ingresándolas a un software de procesamiento de imágenes que, mediante algoritmos de Inteligencia Artificial, generaba representaciones que distorsionaban la realidad.

En tanto, indicó que, en su fallo, la Cámara sostuvo que los argumentos de la familia no resultaban suficientes para modificar lo resuelto en primera instancia, a la vez que resaltó que, además de ser menor de edad, la denunciante se encontraba atravesada por circunstancias de género y violencia digital, que requerían un enfoque interseccional en el análisis del caso. Esto incluyó la consideración de factores como el impacto diferencial de la violencia de género en mujeres jóvenes y adolescentes.

La resolución, había sido confirmada el 27 de agosto y fija la prohibición de acercamiento de 200 metros por un plazo de 90 días, incluyendo el establecimiento educativo en el que comparte con la víctima, mientras que además, se resolvió la obligación de asistir a un espacio terapéutico enfocado en masculinidades y violencia de género.

La familia de uno de los adolescentes investigados presentó su apelación señalando que la resolución vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, al considerar que carecía de fundamentación adecuada y sostuvo que el menor fue estigmatizado con acusaciones falsas y que la decisión judicial implicó discriminación por su edad, vulnerando su derecho a la educación y actividades deportivas.

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