Desregulan normas de control en la economía

El Gobierno dispuso la derogación de 43 normas vinculadas al control de precios en la carne vacuna, lácteos, comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en las farmacias, servicios de televisión por cable y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

La decisión se oficializó a través de la resolución 1212 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433 y 434 de la Secretaría de Comercio publicadas ayer en el Boletín Oficial. Las disposiciones derogadas le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información “innecesaria”.

“Resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”, justificaron desde el Ejecutivo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger señaló que esta decisión “permiten dar un nuevo paso en pos de la libertad que pregona el presidente Javier Milei”. Dentro de la cuarentena de disposiciones que disolvió el Gobierno, se encuentra una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de certificación de neumáticos.

Según informó la cartera que conduce Pablo Lavigne, las medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas desde el inicio de la gestión para “disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia”.

Entre las principales resoluciones que disolvió la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía se encuentran la resolución 1/2006 y 38/2008, que regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena, tanto para los cortes destinados a la industria frigorífica, como los de consumo comercial minorista o mayorista.

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La resolución 26/2007 del Registro de Industrias Elaboradoras de Bienes Finales Lácteos, que obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno.

La resolución 6/2010 establecía que todas las farmacias del país debían exhibir en lugar visible listas y/o carteles en los que se consignan todos los productos que se encontraban alcanzados por una bonificación especial del 30%. y la resolución 823/2022 que establecía la creación del programa Precios Justos.