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José Picón
jpicon@eldia.com
Axel Kicillof venía saboreando la amarga medicina que el gobierno nacional libertario distribuye a discreción sobre las provincias. El recorte de los denominados recursos federales no automáticos se venía verificando desde comienzos de año. La novedad de estas horas es que la motosierra de Milei pasó también por aquellos fondos que están garantizados por ley y que escapan a la categoría de “discrecionales”.
La Casa Rosada, al no distribuir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) incumplió la norma que le da sustento legal. En forma directa, además, podría terminar afectando los sueldos de los maestros que en parte variable (10 por ciento en el caso de los maestros que recién se inician), se nutre de ese aporte. Kicillof apagó en parte el incendio con recursos propios, pero en la Provincia anticipan que no hay chances de repetir ese salvataje en marzo. También empiezan a resignarse a transitar un escenario desconocido para esta gestión: el que plantea un inicio de clases con conflicto.
El Fonid representó para la Provincia a lo largo del año pasado unos 107 mil millones de pesos. No hay buenos augurios en la inmediato en el sentido de que vaya a existir un desembolso nacional en medio de la tensión extrema que se desató entre los gobernadores y la Nación tras el fracaso legislativo de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación.
La ira del Presidente es con los mandatarios que presumía aliados como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Kicillof ya estaba desde mucho antes en la lista negra de la Casa Rosada.
Sobre la Provincia sobrevuelan nubarrones más espesos. El incumplimiento del pago del Fonid podría ampliarse a otros recursos que venía recibiendo el Estado bonaerense. Uno de ellos es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que creó el ex presidente Alberto Fernández en 2020 para que la gestión provincial hiciera frente al reclamo salarial de la Policía. El año pasado representó cerca de 242 mil millones de pesos. Hay otra bolsa de ingresos jugosa, también, con destino incierto: los casi 117 mil millones de pesos que embolsó el año pasado Kicillof de la Anses para solventar el déficit previsional de las Cajas jubilatorias no transferidas a la Nación.
En el gobierno bonaerense no descartan iniciar alguna demanda para que la Nación cumpla con estas leyes y convenios en vigencia. Algo de eso insinuó Kicillof en las últimas semanas.
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Ronda sobre este tema una especulación financiera: que acaso Milei estire el cumplimiento de esas obligaciones para que parte de esos fondos se terminen licuando por inflación cuando efectivamente ingresen a la Tesorería provincial.
“La Nación dejó de pagar a la Provincia fondos que fueron creados por ley como el incentivo docente o los que se destinan al régimen previsional”
Ese escenario formó parte de la charla que los gremios estatales mantuvieron con funcionarios de Hacienda en las últimas horas. “Nos describieron un panorama sombrío”, revelaron algunos de los representantes sindicales que estuvieron en la paritaria. Caída de recursos de origen nacional por un lado y retracción de los ingresos propios por el otro en función de la recesión. El combo de malas noticias, se presume, se traducirá en la propuesta de aumento de sueldos que el gobierno bonaerense formulará en las próximas horas a los sindicatos.
Los movimientos a nivel nacional generan otros impactos. El acuerdo en ciernes entre el PRO y Milei tendrá su correlato en la Provincia y, en particular, en la Legislatura donde se avanzaría en la articulación parlamentaria entre los bloques oficiales de La Libertad Avanza y el macrismo.
En la Cámara de Diputados el PRO cuenta con 17 legisladores y en su totalidad, por distintas vertientes, reconocen el liderazgo del ex presidente. Podrían terminar coincidiendo con los 6 mileístas que se declaran puros y reportan a los deseos del líder libertario.
En el Senado podría registrarse una situación similar. Hay 11 representantes del PRO cuya mayoría tiene afinidad con Macri. La versión oficial del mileísmo tiene una banca y habría que sumar al ex intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre, cuyo hermano forma parte del ministerio de Capital Humano del gobierno nacional.
Estos corrimientos terminarán por redactar el acta de defunción de Juntos por el Cambio y una eventual reconfiguración de un espacio político de centro que, equidistante de los libertarios y del kirchnerismo, acaso termine reuniendo al radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo republicano y los retazos del PRO que resisten ser arrastrados a la aventura política que propone Macri. Los mismos que, casi a diario, reciben las diatribas del Presidente.
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