Los edificios escolares siguen en el polígono de tiro de la delincuencia

El prolongado vendaval delictivo que sufre la Región no deja de ensañarse con los establecimientos educativos y en esta oportunidad fueron dos escuelas las que sufrieron en las últimas horas la acción de un vandalismo tan inexplicable como recurrente.

Es así que fueron robadas y saqueadas la Escuela Primaria N° 52, ubicada en 139 entre 33 y 34, del barrio platense de San Carlos y, por cuerda separada, la Escuela Técnica N° 1 de Berisso, que funciona en 122 y 80.

De la primera, los delincuentes robaron 10 notebooks y un CPU, elementos que resultan ser muy valiosos para la enseñanza. Se presume que los delincuentes saltaron por una pared del frente del edificio y que rompieron una ventana para poder ingresar al interior.

En el caso de la escuela de Berisso, los malvivientes violentaron una puerta y una ventana para ingresar, entre otros de los daños detectados. Además de vandalizar la oficina de la Dirección y de llevarse elementos educativos, los vándalos comieron alimentos que estaban guardados para los alumnos.

Desde luego que han tenido escaso, por no decir nulo, efecto las persistentes protestas de las comunidades educativas y también el reclamo vecinal para que la fuerza policial monte sistemas eficaces de defensa de los establecimientos educativos de nuestra zona, que desde hace tiempo permanecen indefensos en el polígono de tiro del delito.

Valiosos materiales didácticos -libros, mapas, computadoras, instrumentos musicales, ficheros- suelen ser los bienes que las comunidades educativas pierden y cuyo reemplazo origina dificultades y demoras. Pero muchas veces se producen destrozos y daños materiales carentes de toda explicación.

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Los robos y saqueos a escuelas se reiteran y son únicamente los vecinos, docentes y padres de alumnos los que buscan resolver esta cuestión. Desde los muchos organismos estatales existentes -no sólo desde la Policía, sino desde el área de Educación y de los cuerpos legislativos provinciales- no se ha impulsado ninguna norma eficaz para enfrentar este flagelo.

Desde las comunidades educativas se podría inculcar en los alumnos conocimientos acendrados, acerca de lo que significan estas agresiones a bienes que son de uso común y que prestan servicios a toda la comunidad.

Los daños edilicios que acompañan a estos episodios resultan ser, desde luego, injustificables, aunque dejan a la vista niveles difusos y muy preocupantes de irracionalidad que deberían ser combatidos.

Pero, lo que urge es que el Estado -especialmente a través del accionar y de una presencia policial más activa en las calles- extreme recursos y estrategias para defender el patrimonio de las escuelas, así como desde el área educativa buscar fórmulas para revertir la indisculpable situación de indefensión en que se encuentran y, al mismo tiempo, individualizar y castigar con el peso de la ley a los responsables.