Fotomultas: cierran una causa por falta de pruebas

La denuncia presentada en 2023 por presuntas maniobras irregulares vinculadas a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), funcionarios públicos y supuestos “gestores”, dedicados a reducir o eliminar multas de tránsito mediante mecanismos ilegales, fue archivada por decisión judicial.

La presentación sostenía que existía una estructura montada por funcionarios de Juzgados de Faltas provinciales, áreas vinculadas al Ministerio de Transporte bonaerense y particulares que, aprovechando el acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), ofrecían la baja de multas a cambio de dinero, generando un perjuicio económico para municipios y para la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, tras el análisis de las constancias aportadas de inicio y, las que pudieron ser reunidas durante la investigación, la fiscalía concluyó que no se lograron reunir elementos de prueba suficientes para acreditar la materialidad ilícita sobre los hechos denunciados.

En ese marco, y “a la luz de los criterios de racionalidad y eficacia aplicables a la investigación”, el fiscal Álvaro Garganta resolvió disponer el archivo de las actuaciones.

La resolución judicial señaló expresamente que, del estudio del expediente vinculado a las presuntas irregularidades atribuidas a CECAITRA, “no surgen elementos de prueba suficientes que permitan acreditar la materialidad ilícita del hecho que diera motivo a la formación del presente legajo”, se indicó en el documento oficial.

Como se recordará, detrás del negocio de los cinemómetros parece esconderse una guerra de poder, ya que las cifras en juego serían abiertamente escandalosas.

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En ese punto, lo curioso del caso, según expresaron fuentes oficiales, es que las distintas compañías del mercado presentan actores que a veces aparecen en el rol de denunciantes de la competencia y, en otras tantas, no pocas, como socios, asesores o colegas.

Es que el esquema de radarización parecería estar sitiado por las investigaciones judiciales en distintas jurisdicciones, sean federales u ordinarias.

En medio de esta situación confusa, hubo distritos como San Isidro que decidió suspender el sistema hasta se encuentre algo de luz en medio de tanta oscuridad.

Por eso para muchos la pregunta ya no sería si hay irregularidades. La verdadera pregunta es cómo el sistema sigue funcionando normalmente en medio de semejante nivel de sospecha.