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En un nuevo capítulo de la controvertida causa que investiga a grupos piqueteros por presunta extorsión y defraudación a beneficiarios de planes sociales, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ha tomado una medida. Este jueves, los apoderados legales de la cartera nacional se presentaron ante el juez Sebastián Casanello para solicitar ser parte querellante en el caso. Esta acción sigue al reciente rechazo de una solicitud similar realizada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien había intentado asumir este rol en carácter personal.
La solicitud del Ministerio de Capital Humano, presentada por Leila Gianni, subsecretaria Legal del área de Pettovello, subraya la legitimidad del ministerio para actuar como parte interesada debido a la naturaleza de los delitos investigados, que incluyen fraude fiscal relacionado con planes sociales y co-denuncias de los delitos en cuestión. En el documento entregado al juez Casanello, Gianni destacó: "Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis".
El rechazo a la pretensión de Patricia Bullrich de ser querellante en esta causa había generado controversia, dado su papel en el Ministerio de Seguridad y su interés en abordar personalmente las acusaciones. En contraste, la postura del Ministerio de Capital Humano se presenta con una argumentación sólida sobre la importancia de la participación estatal en la investigación y el proceso judicial. El documento presentado por Gianni enfatiza que "un rechazo a la pretensión de este Ministerio a ser parte querellante resultaría no sólo contradictorio con lo ya resuelto en autos, sino un gravamen para el Estado Nacional al no poder formar parte del presente proceso".

La investigación, encabezada por la Justicia federal, ha avanzado con la orden de allanamientos contra dirigentes de varios movimientos piqueteros, incluidos el Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Estos líderes han sido acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, particularmente del programa Potenciar Trabajo. Las medidas judiciales fueron desencadenadas por tres denuncias recibidas a través de la línea 134, lo que ha llevado a la citación a indagatoria de los implicados.
Este movimiento del Ministerio de Capital Humano refuerza la determinación del Gobierno de enfrentar las acusaciones de extorsión y garantizar que los beneficiarios de los planes sociales no sean víctimas de abusos. Al asumir un papel activo en la causa, Sandra Pettovello y su equipo buscan asegurar la transparencia y la justicia en un caso que ha capturado la atención pública y subraya la necesidad de una vigilancia estricta sobre la distribución y el uso de los fondos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La decisión del juez Casanello sobre la solicitud del Ministerio de Capital Humano será crucial para el desarrollo de la causa y podría marcar un precedente en la participación del Estado en procesos judiciales de alta sensibilidad social y política. Mientras tanto, los ojos de la nación están puestos en los próximos pasos de esta investigación que promete seguir revelando detalles sobre las dinámicas de poder y control en los movimientos piqueteros y la administración de los planes sociales.
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