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Separadas por el canal de acceso al Puerto La Plata, sometidas durante décadas al paso de embarcaciones ligeras cuyo oleaje erosiona sus costas, las islas Paulino y Santiago fueron puestas ahora en la mira por ambientalistas que, mediante un reclamo judicial, piden la urgente confección de un plan que apunte a evitar la degradación que sufren sus montes, causada entre otros motivos por la creciente urbanización de esos territorios ribereños.
Con una superficie que ronda la veintena de kilómetros cuadrados, la isla Paulino era parte de una formación peninsular entre el río Santiago y el de La Plata, hasta que la excavación del canal de entrada al Puerto la separó del continente -y de la actual isla Santiago-. La primera pertenece a Berisso y la segunda a Ensenada.
El paso creado entre las dos islas a fines del siglo XIX, a lo largo de tres kilómetros, conecta las aguas abiertas con los muelles del dock central. En sus inicios tenía unos 90 metros de anchura; hoy roza los 200 metros y en algunos tramos lo supera. Ambas islas cuentan con una población de pocos habitantes y, acaso, su mayor trascendencia reside en que se convirtieron en dos polos turísticos importantes para la Región.
Ahora la Ong Medio Ambiente requirió ante la Justicia un programa de acciones, a partir de la creciente degradación ambiental que se viene desarrollando en ambas islas, según asegura.
Se toma también en consideración que la Santiago y la Paulino integran áreas que se encuentran declaradas como “Paisaje Protegido de Interés Provincial para el desarrollo eco turístico “ por la ley bonaerense 12756.
Al encontrarse estas islas administradas por las ciudades Ensenada y Berisso, respectivamente, se alega que la norma determina que los dos municipios, que comparten jurisdiccionalmente el ambiente “celebrarán acuerdos para establecer formas coordinadas de gestión para el manejo conservacionista de dicha área protegida”.
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“No podemos dejar de señalar -expresaron desde Nuevo Ambiente- que la creación de esta área protegida tuvo como fundamento la preservación de la selva y monte ribereños, poniendo un límite a la sustitución y desmonte producidos por la urbanización y montes cultivados, y la importante biodiversidad que posee”.
Lo cierto es que la situación preocupa por la suerte de ambos territorios, cuya población oscila al compás de las estaciones: en temporada baja -otoño, invierno y parte de la primavera- viven unas 40 personas, pero en época estival son más de un centenar, ya que la mayoría tiene casas de veraneo. Además, cada fin de semana desembarcan unos 2.000 visitantes a acampar o pasar el día. Siempre es imperioso, en materia ambiental, actuar con prontitud, ya que los daños que pueden inferirse pueden llegar a ser irreversibles. Las autoridades responsables de ambos municipios debieran analizar este reclamo y, llegado el caso, actuar de inmediato para garantizar la preservación de patrimonios tan ricos, que también le pertenecen a toda la región. Las islas no pueden quedar de manos atadas ante el arbitrio de nadie, sino enmarcadas en las protecciones que la ley dispone.
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