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Los líderes sindicales también reclamaron por Ganancias. El Ejecutivo los convocó a una mesa tripartita con empresarios
El Gobierno quiere sumar a la CGT al Consejo de Mayo
El Gobierno reabrió el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT). Por primera vez desde el paro que la central obrera concretó el pasado 9 de mayo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, recibió ayer a los líderes sindicales quienes, entre otros reclamos, volvieron a rechazar la reforma laboral incluida en el DNU 70 (hoy frenada por la Justicia), a la par que pidieron elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.
Decidida a evitar una nueva huelga como eventual respuesta de los gremios a la restitución del gravamen, la caída del empleo y los nocivos efectos de la recesión en marcha, la gestión libertaria buscó tender puentes con el ala más “dialoguista” de la CGT. A la mesa con Cordero se sentaron los cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Abel Furlan (UOM) Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Noe Ruíz (Modelos) y Maia Volcovinsky (Judiciales). No fue de la partida Pablo Moyano, el triunviro de la central que viene presionando por nuevas medidas de fuerza para rechazar la Ley Bases que el Congreso le aprobó a Javier Milei.
Las intenciones de diálogo que proclama el Gobierno son observadas con desconfianza por el sector más duro de la CGT, que también desiste de la invitación para sumarse al Consejo de Mayo y no descarta convocar a una tercera huelga contra la administración libertaria.
En el encuentro de ayer, como se dijo, la cúpula sindical, exigió retirar la apelación que la Procuraduría General hizo ante la Corte Suprema como respuesta al fallo que, a pedido de la CGT, anuló parte de la reforma laboral.
Sobre todo, preocupan a la central obrera los artículos del DNU que refieren a la libertad sindical, protección antidiscriminatoria, intermediación laboral y el concepto de “trabajadores colaboradores” autónomos. También inquieta a los gremios la posibilidad de transformar la huelga en un delito; la eventual limitación de la recaudación y la representación sindical que podría verse afectada si prosperan los proyectos que impulsan la UCR y el PRO para modificar la ley de Asociaciones Sindicales.
En comunicado en el que alertó sobre “el actual estado de profunda recesión, pérdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo, con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo”, la CGT detalló que en la reunión con el Gobierno rechazó además la “reincorporación del impuesto de Ganancias” que volverán a tributar quienes tengan ingresos superiores a $1.800.000 (en el caso de los solteros) y $2.100.000 (casados). Los gremios calculan que la medida afectará a al menos un millón de trabajadores. Entre ellos, bancarios y aceiteros, dos sindicatos que ya anticiparon medidas de fuerza para cuando se hagan efectivos los descuentos en los recibos de sueldo.
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“El proyecto de ley se hizo en enero y hoy los valores son otros. La inflación de enero a esta parte generó que los $1.800.000 tenían un valor entonces que hoy ya no tienen. Con lo que en enero se compraban diez kilos de pan, hoy se compran cinco”, ilustró Daer a la salida del encuentro realizado en la sede laboral de Alem 650, en la ciudad de Buenos Aires.
La “agilización inmediata de los acuerdos ya firmados y aún no homologados”, además de la continuidad de las paritarias libres y sin intervención del Estado fueron otras de las demandas de la CGT en el marco de un cónclave que el Secretario de Trabajo definió como “cordial”.
Según difundió el Ministerio de Capital Humano, del que depende Trabajo, el Gobierno recibió “las principales preocupaciones planteadas por los dirigentes de la CGT y hemos propuesto la constitución de una mesa de diálogo social tripartito que incluya al sector empresario”.
En efecto, Cordero tiene previsto recibir la semana que viene a empresarios de la industria, la construcción, comercio, bancos y la rural para, siete días después, hacerlos coincidir en una misma mesa con los gremios. La idea, trascendió, es acercar posiciones sobre la reglamentación de la Ley Bases en su capítulo laboral.
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