Discapacidad: entre coberturas en baja y escolaridad que se pierde

Una multitud se concentró ayer por la tarde en la esquina de 7 y 50 con un premisa clara y concisa: “Emergencia en discapacidad. No al ajuste”. Lo hicieron en el marco de la Marcha Federal por la Discapacidad -que tuvo una convocatoria previa más temprano en Plaza de Mayo- con el propósito colectivo de la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793).

Para entender la profundidad de la problemática hay que analizar la convergencia de dos escenarios.

Escenario uno. La Ley de Emergencia en Discapacidad, de reciente sanción y veto frustrado básicamente declara la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma busca establecer compensaciones económicas a prestadores y asignaciones, regularización de pagos y actualización de aranceles, reforma en el sistema de pensiones contributivas y fortalecimiento de los centros de días, entre otras cuestiones.

La Ley fue aprobada el 10 de junio por el Senado pero vetada el 4 de agosto por el Gobierno Nacional la vetó. ¿Que pasó? Tanto la Cámara de Diputados como el Senado volvieron a la carga y anularon el veto. La Ley salió pero -aquí radica el problema actual- en el decreto de promulgación del Gobierno Nacional se advierte que la ejecución queda suspendida hasta que el Congreso no indique cuáles son las partidas presupuestarias. En pocas palabras, se “freezó” la ley.

FamiliasTEA y Sin Barreras se manifestaron en 7 y 50 / César Santoro

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Escenario dos. Según la Dirección de Acceso e Inclusión en Salud provincial, en la ciudad habitan 16.890 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), es decir, personas afectadas por la suspensión de la Ley. A eso, hay que sumar prestadores y profesionales médicos de la Ciudad, específicamente los acompañantes terapéuticos.

Mariana Cappelli, integrante de “Sin Barreras La Plata” y presidenta de Instituto Platense de Asistencia para Ciegos y disminuidos visuales, le dijo a EL DIA: “Están cerrando centros de día, hogares, centros educativos terapéuticos. Ir a un psiquiatra sale 25 mil pesos como mínimo y a eso hay que sumarle la medicación y más”.

En tanto, Débora Barani, presidenta de “FamiliasTea La Plata, Berisso y Ensenada” e integrante de “Sin Barreras” dijo que “los acompañantes tienen un retraso de pago de 180 días. Entonces, muchos de los chicos no pueden asistir al colegio sin acompañantes. ¿El resultado? Un 30 por ciento de chicos con discapacidad de la Ciudad no están siendo escolarizados”.

Además, expresó que 9 de cada 10 familias con personas con discapacidad, son monoparentales cuya cabeza es la madre: “Son las que se hacen cargo de sus hijos. Muchas han tenido que renunciar o dejar de estudiar para poder asistirlos”.

Nancy Alarcón, secretaria de discapacidad de la CTA Autónoma de Buenos Aires, manifestó: “Quitaron las pensiones no contributivas y muchas personas se quedaron sin la poca ayuda que tenían”.

“Acompañantes tienen un retraso de pago de 180 días. Entonces, los chicos no pueden asistir al colegio”.

Débora Barani,
Presidenta de FamiliasTEA La Plata y referente en Sin Barreras La Plata

EN LA CIUDAD

Graciela Barros es viuda, tiene una hija con discapacidad y su obra social es Iosfa (de las Fuerzas Armadas y de Seguridad). Desde el año pasado a la actualidad, notó el recorte de las prestaciones del servicio médico.

Su hija asiste a un Centro de Día en la Ciudad que hasta el momento tiene cobertura pero persiste el miedo del cese: “En cualquier momento me quedo sin centro de día. Tiene talleres de psicólogos y psiquiatras pero no sé hasta cuándo”.

Graciela expresó que “tiene la suerte” de que su hija dejó de tomar medicamentos pero que, si urge la necesidad, no podría comprarlos. “En diciembre la tengo que llevar al cirujano por un problema en la espalda, pero la obra social dejó de funcionar en todas las clínicas. ¿A dónde voy a ir entonces?”, cerró.